La vicepresidenta Verónica Abad acude a la Corte Constitucional frente al decreto del mandatario Daniel Noboa, en el que encargó la Presidencia.Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, presentó este 17 de enero de 2025 una acción pública de inconstitucionalidad con medidas cautelares ante la Corte Constitucional (CC). Pide que se suspenda provisionalmente el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 505.
En ese decreto, el presidente Daniel Noboa dispuso el encargo de la Presidencia a Cynthia Gellibert, desde las 18:00 del 16 de enero hasta las 22:00 del día domingo, 19 de enero de 2025, día del debate presidencial.
Abad presentó la acción de inconstitucionalidad “por afectar significativamente el orden constitucional y la estabilidad democrática de nuestro país”, según explica en su cuenta de X.
Además, hizo un llamado: “Exhorto a toda la ciudadanía y la comunidad jurídica a que estemos atentos del accionar de los jueces y exijamos que, como guardianes de la Constitución, ejerzan sus atribuciones y competencias con la prioridad que merece el pueblo ecuatoriano”.
El caso 3-25-IN fue sorteado y la competencia se recayó en la jueza constitucional Hilda Teresa Nuques Martínez.
Como anexos, Abad presentó copias del decreto impugnado, copia de su nombramiento como vicepresidenta, conferido por el Consejo Nacional Electoral, y copia de su cédula.
El encargo de la Presidencia
Noboa justificó el encargo por su ausencia temporal, participará en el debate presidencial. En los considerandos del decreto indicó que el Código de la Democracia prevé, para la inasistencia al debate, la suspensión de derechos políticos.
Con el decreto, optó por diferenciar los periodos en los que el ejerce sus funciones como mandatario, de los momentos en los que se ausenta temporalmente del cargo para realizar actividades proselitistas, con el encargo.
Sustento jurídico de Abad
El equipo legal que defiende a Abad argumenta en el escrito de la demanda que se trata de una “fraudulenta ausencia temporal” de Noboa. Se señala que con el encargo a Gellibert se desconoce a Abad “como única Vicepresidenta Constitucional de la República para el período 2023 – 2025 conforme lo acredito con la credencial otorgada el día 15 de noviembre del 2023 por el Consejo Nacional Electoral, configurándose una vez más, otra grave ruptura del orden constitucional”.
Exigen el “urgente del pronunciamiento” sobre las medidas cautelares, así como la priorización de la causa.
Como medida cautelar, solicitan a la CC que se declare la inconstitucionalidad e invalidez del artículo 1 del Decreto Ejecutivo 505 y que se ordene la tutela y reparación (con garantías de compensación, satisfacción y no repetición) en favor de Abad, por ser víctima directa.
Indicaron que ese artículo “incide gravemente en el goce y ejercicio de los derechos políticos” de Abad, que la vigencia del decreto implica “una nueva transgresión grosera y alevosa de la Constitución”.
Según la defensa, hay un “único afán de anular en el ejercicio de sus funciones a la Vicepresidenta de la República”. (KSQ)
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