La mujer sentenciada pedía una suma considerable a cambio de supuestamente gestionar cargos públicos.
El Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi sentenció a Paulina Elizabeth M. E. a cuatro años de pena privativa de libertad por el delito de tráfico de influencias (ofrecer cargos públicos). Los jueces emitieron la decisión luego de analizar y valorar las pruebas que presentó la Fiscalía Provincial de Cotopaxi durante la audiencia de juzgamiento.
Mujer ofrecía cargos públicos y recibió sentencia
En el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que la procesada ofrecía cargos públicos en los municipios de Latacunga, Saquisilí y Pujilí.
Según la Fiscalía, Paulina Elizabeth M. E. aseguraba a varias personas que podía “canalizar” puestos de trabajo a través de una autoridad del cantón Latacunga. Con ese ofrecimiento, la mujer convenció a los perjudicados para que entregaran dinero a cambio de un supuesto ingreso laboral en entidades públicas.
Las víctimas entregaron montos que oscilaron entre 2 000 y 3 000 dólares. En total, la suma recibida por la procesada alcanzó los 12 000 dólares. Pese a los acuerdos, la mujer no cumplió con la entrega de los cargos prometidos ni devolvió el dinero a las personas afectadas.
Los elementos de convicción
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso varios elementos de convicción. Entre ellos constaron los testimonios de los cinco perjudicados, quienes relataron cómo realizaron los pagos y cuáles fueron las promesas que recibieron.
El expediente también incluyó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y las tablas de amortización de los préstamos que varias personas contrataron para reunir el dinero entregado a la procesada.
Además, el equipo fiscal presentó un análisis telefónico y otros elementos probatorios que permitieron demostrar la existencia del delito y la responsabilidad penal de Paulina Elizabeth M. E. Con base en ese conjunto de pruebas, el Tribunal determinó su culpabilidad.
Sobre la reparación integral
Los jueces que conocieron la causa resolvieron no ordenar una reparación integral a favor de las víctimas. El Tribunal tomó esa decisión al considerar que las personas afectadas participaron en un acto de corrupción al intentar acceder a cargos públicos mediante pagos irregulares.
Desde el punto de vista jurídico, la sentencia se fundamentó en el artículo 286, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de oferta de realizar tráfico de influencias.
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