Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González son vinculados al caso Ligados por presunta asociación ilícita.
La mañana de este miércoles 4 de junio de 2025, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, instaló la audiencia de vinculación de Andrés Arauz, excandidato presidencial y actual secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana; Esther Cuesta, exasambleísta de ese movimiento; y Raúl González, expostulante a la Superintendencia de Bancos. La diligencia se realiza en el marco del caso Ligados.
La Fiscalía General del Estado formuló cargos en su contra por el presunto delito de asociación ilícita. Estas tres personas se suman a los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Nicole Bonifaz y Yadira Saltos, quienes ya enfrentan una investigación penal.
Chats y grabaciones como principal evidencia en el caso Ligados
El fiscal subrogante Wilson Toainga presentó los primeros elementos que sustentan la vinculación. Entre ellos se encuentran mensajes y grabaciones obtenidas del teléfono de Verduga, en los que se detallan conversaciones con miembros de la Revolución Ciudadana.
Según Toainga, estos chats evidencian una estructura política que operaba desde el Cpccs para tomar decisiones estratégicas en la designación de autoridades.
Uno de los hechos que se investiga es la supuesta presión para posicionar a Raúl González como Superintendente de Bancos para el periodo 2022-2027, en contravención a un dictamen de la Corte Constitucional. También se analiza un intento de retrasar la designación de nuevos vocales del Consejo de la Judicatura.
Andrés Arauz y la estrategia para el ‘Gobierno de Luisa’
Durante la audiencia, Toainga indicó que Andrés Arauz mantuvo conversaciones con Verduga sobre las designaciones en la Superintendencia de Bancos y en el Consejo de la Judicatura.
En este último caso, según el fiscal, buscaban retrasar el nombramiento de los nuevos vocales con el objetivo de que “el Gobierno de Luisa” González pudiera enviar la terna correspondiente para la designación.
Toainga sostuvo que Arauz planificaba y daba las instrucciones relacionadas con la gestión del Cpccs. Añadió que el Consejo se convirtió en “la sede de un partido político para captar espacios de poder”.
Cuesta y la no posesión de Romero
Respecto a Esther Cuesta, el fiscal argumentó que cumplió un rol clave para intentar posicionar a González en la Superintendencia. Cuando ella presidía la Asamblea Nacional, se habría demorado la posesión de Roberto Romero, quien ya había sido designado para esa entidad.
Según la Fiscalía, Cuesta recibió una carta de Raúl González que pedía suspender el trámite, con el argumento de que la designación de Romero violaba una sentencia de la Corte Constitucional.
Con base en ese documento, Cuesta no convocó al Pleno para posesionar a Romero y, en cambio, envió una nueva consulta al Cpccs sobre a quién debía investir el Legislativo: a Romero o a González.
Medidas cautelares en análisis
El fiscal solicitó medidas cautelares contra los tres vinculados. La jueza Camacho deberá decidir si dicta restricciones como la prohibición de salida del país o presentaciones periódicas. La instrucción fiscal del caso continúa.
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