El Gobierno de Daniel Noboa inició un recorte del aparato estatal: fusión de ministerios, eliminación de secretarías y más de 7.000 despidos. La medida busca eficiencia y ahorro fiscal, pero se requieren reformas económicas liberales.
El 24 de julio de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa anunció una reestructuración del Estado: los ministerios pasarán de 20 a 14, las secretarías de 9 a 3, y se desvinculará a más de 7.000 funcionarios. Al menos 5.000 saldrán por eliminación de partidas y otros 2.000 por procesos de fusión institucional.
El ahorro estimado por esta medida alcanzaría los $142,5 millones anuales a partir de 2026. Esto representa un recorte del 1,4% del gasto estatal en salarios, pero equivale al 0,1% del PIB.
El ajuste, que ocurre cuando el déficit fiscal del país bordea entre el 3% y el 5% del PIB, no resuelve por sí solo los desequilibrios estructurales de la economía ecuatoriana. Más aún, si no se acompaña de reformas económicas liberales, puede derivar en efectos adversos como caída de productividad, informalidad laboral y mayor presión sobre los servicios esenciales.
Esto es importante si se toma en cuenta que el mismo Gobierno ha adelantado que también habrá un recorte, no estimado todavía, en la burocracia con contratos provisionales.
¿Por qué no basta con achicar el Estado?
Desde un enfoque liberal, la reducción del tamaño del Estado solo es exitosa si va acompañada de un entorno que permita al sector privado absorber a las personas despedidas, dinamizar el empleo y sostener la provisión eficiente de servicios.
Achicar el Estado sin liberar la economía de sus trabas puede empeorar los problemas que se busca resolver. ¿Por qué? “Porque en un mercado laboral rígido, con trabas para contratar o emprender, miles de personas despedidas no encuentran trabajo, y el desempleo se convierte en una carga fiscal, no en un ahorro”, acotó Andrés Rodríguez, economista.
Las claves liberales para que la reducción del Estado funcione
1. Desregulación laboral y comercial: Permite a las empresas contratar con mayor facilidad, sin los altos costos o rigideces que hoy las frenan.
2. Simplificación de trámites y licencias: Facilita la creación de nuevos negocios y la expansión de empresas existentes.
3. Eliminación de barreras burocráticas: Evita que la carga regulatoria asfixie la productividad, tanto en el sector público como en el privado.
4. Digitalización del Estado: Optimiza procesos y reduce la necesidad de grandes plantillas sin afectar la calidad del servicio.
5. Estabilidad tributaria y jurídica: Atrae inversión y mejora la previsibilidad para empresas, que necesitan seguridad para contratar.
Sin estas condiciones, una reestructuración estatal no logra insertar a los desempleados en un sistema económico capaz de absorberlos. Y sin empleo productivo, el ajuste pierde legitimidad, eficacia y sostenibilidad.
Comunicación responsable y despidos con criterio
Una reforma estatal de esta magnitud no solo se juega en lo técnico, sino también en lo político y comunicacional. “El Gobierno debe justificar cada paso con transparencia, datos precisos y criterios técnicos verificables”, recalcó Andrea Medina, economista.
Hasta ahora, el discurso oficial ha caído en generalizaciones peligrosas, de acuerdo con Medina. El ministro de Transporte, Roberto Luque, declaró que entre los despedidos había personas que “no dejaban trabajar, que pedían coimas”, pero no presentó denuncias ni respaldos documentales. “Afirmaciones así, sin sustento ni proceso legal, pueden socavar la legitimidad de la reforma y abrir la puerta a demandas judiciales que terminen costando más al Estado”, añadió Medina.
La experiencia internacional demuestra que despedir sin análisis riguroso puede generar más gasto del previsto. En Kazajistán (2015–2018), por ejemplo, las fusiones y despidos sin rediseño institucional llevaron al caos administrativo, obligaron a contratar consultores externos y terminaron elevando el gasto operativo en más de $200 millones anuales.
¿Qué hacer para evitar estos errores? La solución está en establecer criterios técnicos claros para identificar verdaderas ineficiencias:
● Auditorías funcionales e independientes.
● Evaluaciones de desempeño individual y por equipos.
● Cruce de datos interinstitucional para detectar funciones duplicadas.
● Mapeo de procesos y digitalización para eliminar pasos innecesarios.
● Diseño de perfiles técnicos basados en resultados, no en antigüedad o afinidad política.
Despedir sin sustento puede significar pagar indemnizaciones injustificadas, enfrentar demandas por despido inadecuado, colapsar servicios esenciales o tener que tercerizar —a mayor costo— tareas que antes realizaban funcionarios públicos. El ahorro, si no se planifica, puede convertirse en gasto oculto.
Cuando sí funcionó: casos exitosos de reducción estatal
Letonia (2009): austeridad con reconversión laboral eficiente
Durante la crisis financiera, Letonia recortó su aparato estatal en un 30%. Este proceso se acompañó de un plan sólido financiado por la Unión Europea. Se ofreció reentrenamiento masivo, bonos de salida justos e incentivos a empresas privadas para contratar extrabajadores públicos.
Más del 50% de los despedidos se reinsertaron laboralmente en menos de dos años. La calidad de los servicios públicos no se desplomó y el Estado ahorró más de 300 millones de euros anuales, estabilizando sus finanzas sin crisis social.
Colombia (2002–2006): retiro voluntario y reactivación laboral
Bajo el Gobierno de Álvaro Uribe, Colombia eliminó más de 80.000 puestos estatales. Pero la estrategia incluyó planes de retiro voluntario, capacitación técnica y microcréditos para emprendimientos.
El 47% de los beneficiarios encontró empleo formal o creó su propio negocio. El ahorro fiscal superó los $400 millones anuales, sin afectar significativamente la calidad de los servicios.
Vietnam (décadas de 1990–2000): recorte con liberalización económica
Vietnam recortó más de un millón de funcionarios. Lo hizo en paralelo a una apertura comercial, liberación del mercado interno, reasignación de tierras y estímulo a las microempresas.
La pobreza se redujo del 70% al 20% en una década, el país se industrializó rápidamente y se generaron millones de empleos productivos. El ahorro directo fue de $1.000 millones en cinco años, además del salto en crecimiento.
Cuando todo salió mal: lecciones que Ecuador debe evitar
Grecia (2010–2013): despidos sin red de seguridad ni mercado funcional
Forzado por la troika europea, Grecia eliminó decenas de miles de empleos públicos sin políticas de reconversión ni reformas estructurales.
Desempleo masivo, colapso de servicios esenciales, fuga de cerebros y profundización de la crisis social. El ajuste empeoró el déficit, ya que el Estado tuvo que asumir nuevos costos sociales. El supuesto ahorro se evaporó.
Brasil (2019–2022): fusiones mal diseñadas que debilitaron al Estado
La fusión del Ministerio de Medio Ambiente con carteras productivas generó descoordinación y debilitamiento institucional. La medida se tomó sin rediseño funcional ni evaluación de capacidades.
Se redujo el presupuesto de fiscalización, aumentó la deforestación, crecieron los conflictos sociales y hubo sanciones internacionales. Lejos de ahorrar, el Estado enfrentó más gastos por pérdida de cooperación y conflictos judiciales.
Kazajistán (2015–2018): más gasto por improvisación
Kazajistán intentó reducir el Estado mediante fusiones forzadas y despidos sin rediseñar procesos internos ni digitalizar funciones.
Caos administrativo, caída en la calidad de los servicios, contratación de consultores privados (más costosos que los funcionarios despedidos) y un aumento del gasto operativo. El ajuste generó un sobrecosto estimado de $200 millones anuales.
Cinco condiciones clave para que el plan de Noboa funcione
1. Transparencia y control social: Informes públicos sobre los motivos, criterios y resultados de las medidas. El seguimiento ciudadano y técnico es indispensable para evitar improvisación o clientelismo.
2. Transición laboral y capacitación: Políticas activas de reconversión: reentrenamiento, subsidios de corto plazo, incentivos a la contratación privada y una bolsa de empleo eficiente.
3. Reformas de desregulación económica: Eliminar las trabas que impiden contratar y emprender: flexibilización laboral, simplificación tributaria, licencias automáticas y revisión de normativas restrictivas.
4. Contención del gasto y nuevas contrataciones: Evitar que el ahorro logrado se pierda por contrataciones de nuevos funcionarios, tercerización sin control o pagos por servicios innecesarios.
5. Evaluación continua del impacto: Medición de indicadores clave como ahorro efectivo, calidad del servicio público, empleabilidad de los desvinculados y eficiencia de la gestión estatal.
Fuente: https://www.lahora.com.ec/