La paralización indefinida convocada por la Conaie reabre heridas; urge diálogo y evitar un nuevo ciclo de división nacional.
El 18 de septiembre de 2025, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció una paralización nacional inmediata e indefinida en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, medida adoptada por el Gobierno Nacional el 12 de septiembre.
Anuncios similares hicieron la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y otros gremios. Advirtieron que la movilización será prolongada mientras no se revierta la decisión oficial.
La protesta no puede pasar desapercibida.
En Ecuador, las paralizaciones siempre han tenido consecuencias profundas: basta recordar lo ocurrido en octubre de 2019, cuando el levantamiento indígena contra el gobierno de Lenín Moreno paralizó al país por 11 días, con un saldo de 11 fallecidos y más de 1 300 heridos, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
O las protestas de junio de 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso, que dejaron pérdidas económicas superiores a 1 000 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador.
El presidente Daniel Noboa reaccionó con firmeza. En declaraciones emitidas el mismo 18 de septiembre, afirmó que su proyecto político “no repite errores del pasado” y que su gestión no entregará “migajas”, sino que buscará construir un país productivo.
Noboa instruyó, además, a la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, a vigilar que juntas de agua no sean usadas como mecanismos de presión en las protestas, advirtiendo que cualquier intento de bloquear riego o servicios será denunciado como terrorismo, con sanciones de hasta 30 años de cárcel, según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (art. 366).
Desde la dirigencia indígena, la Conaie insistió en que la eliminación del subsidio al diésel afecta directamente a la economía de los sectores más pobres.
El diésel es combustible clave para el transporte público, el agro y la logística, y su encarecimiento inevitablemente se traslada a los precios de alimentos y bienes de consumo.
De allí que el paro se plantee como una defensa de la economía popular. Sin embargo, en su convocatoria también señalaron la necesidad de una “agenda nacional” que, más allá de la coyuntura, repiense el modelo económico y social vigente.
El dilema es evidente: las organizaciones están en su derecho de protestar y expresar su descontento, pero la pregunta que flota es si el Ecuador puede resistir nuevamente una paralización indefinida.
Los bloqueos de vías afectan de inmediato a transportistas, productores y comerciantes, y terminan golpeando sobre todo a los sectores más vulnerables que necesitan movilizarse o vender sus productos.
El riesgo es que, como en el pasado, el país quede dividido, con una sociedad enfrentada y heridas que no sanan fácilmente.
Además, las movilizaciones suelen abrir espacio para actores políticos con intereses propios. En el pasado, varios sectores aprovecharon el descontento social para buscar réditos electorales o impulsar agendas de desestabilización.
El peligro de repetir ese patrón está latente y debe ser advertido. El Gobierno tampoco puede caer en la tentación de responder con represión excesiva ni con discursos que cierren la puerta al diálogo. El reto es construir puentes, no trincheras.
Ecuador requiere acuerdos mínimos que garanticen la gobernabilidad y la paz social.
Las paralizaciones han demostrado ser una válvula de escape para la inconformidad, pero también un mecanismo que deja más pérdidas que soluciones.
Si algo nos ha enseñado la historia reciente es que el camino no está en la confrontación, sino en la capacidad de escuchar, negociar y plantear políticas públicas con legitimidad y respaldo social.
El paro anunciado por la Conaie debe ser leído como una alerta. No solo sobre el impacto del alza del diésel, sino también sobre la fragilidad de un país que, en medio de crisis económicas y de seguridad, necesita cohesión social y confianza en sus instituciones.
El diálogo es más difícil que la protesta, pero es la única vía para evitar que el Ecuador repita, una y otra vez, los errores del pasado.
Fuente: https://www.elcomercio.com/