Alrededor de 1.500 militares participaron en una intervención masiva en Buenos Aires, en Imbabura, logrando recuperar el control de áreas críticas de minería ilegal operadas por grupos armados.
Con un despliegue militar sin precedentes en los últimos años, las Fuerzas Armadas llevan adelante una de las más grandes operaciones de recuperación del control estatal en zonas mineras ilegales del país.
La intervención se concentra en la parroquia de Buenos Aires, provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador, específicamente en los sectores de Mina Vieja, Mina Nueva y El Olivo, considerados focos críticos de minería ilegal vinculada a redes delictivas y grupos armados.
Tras al menos tres días de intervención, las unidades militares lograron el control total de estas zonas, consolidando la presencia estatal y desarticulando estructuras ilegales. El operativo, ejecutado a través del Bloque de Seguridad, movilizó aproximadamente 1.500 efectivos del Ejército, con apoyo terrestre y aéreo, marcando una de las acciones más contundentes contra este delito en el norte del país.
La acción militar fue respaldada con al menos una docena de vehículos blindados mecanizados tipo Cobra y David, además de aeronaves de ataque y reconocimiento. La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) desplegó helicópteros artillados Fennec, unidades H145, UAV de reconocimiento y aviones A29B Súper Tucano que brindaron cobertura táctica, desactivando campamentos ilegales desde el aire.
Campamentos y procesadoras destruidos
Durante los operativos, el Ejército halló complejas infraestructuras utilizadas por redes criminales para la explotación aurífera ilegal. En una de las zonas intervenidas se localizó una mega procesadora compuesta por tres trituradoras, 15 piscinas de sedimentación, más de 1.500 sacos de material aurífero, cinco instalaciones de descanso con capacidad para 30 personas cada una, cocinas improvisadas, generadores de energía, canecas de gasolina, alimentos y otros recursos logísticos.
En un segundo punto se identificó otra procesadora con características similares y un campamento adicional con capacidad para al menos 40 personas. Todo el material fue destruido in situ para impedir su reutilización, mientras las zonas fueron sometidas a operaciones de rastrillaje para detectar posibles grupos armados.
“Estas acciones debilitan la economía de los grupos armados organizados y refuerzan el control estatal en territorios estratégicos. Las Fuerzas Armadas mantienen su compromiso en la lucha contra actividades ilícitas que amenazan la seguridad y el desarrollo de las comunidades”, afirmaron las autoridades militares.
Minería ilegal: fuente de financiamiento de estructuras criminales
En entrevista con Radio Centro, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, explicó que esta ofensiva en Imbabura responde a una amenaza nacional creciente. “La minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos armados organizados”, dijo refiriéndose a la participación de estructuras irregulares de origen colombiano y ecuatoriano que, además de extraer oro de forma ilícita, aseguró esclavizan y extorsionan a trabajadores.
Loffredo detalló que estas operaciones se desarrollan en fases: vigilancia terrestre y aérea, intervención táctica, aseguramiento del territorio, rastrillaje y demolición total de la infraestructura ilegal. En este contexto, aseguró que “las dos zonas atacadas en Imbabura han sido completamente liberadas de la presencia de grupos armados irregulares” y que se mantendrá la presión militar para evitar su reaparición.
Sobre las estrategias para una solución definitiva al problema, que en Imbabura lleva al menos siete años, sostuvo que, a corto plazo, la prioridad es mantener el control militar, apoyado con tecnología como drones y aviones de patrullaje. A mediano plazo, dijo que el Estado debe revisar y revertir concesiones legales ocupadas ilegalmente por grupos criminales. A largo plazo se debe fortalecer la presencia de empresas legales que operen bajo parámetros técnicos y ambientales adecuados.
El caso de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, es considerado uno de los más graves de minería ilegal en el norte de Ecuador. Desde hace más de siete años, esta parroquia ha estado en el centro del conflicto por la extracción ilegal de oro.
Últimamente la situación se ha vuelto más compleja con la aparición de grupos armados, estructuras criminales trasnacionales y una población flotante de miles de personas vinculadas directa o indirectamente a la actividad minera ilegal.
Esta operación se produce semanas después de que se desmantelaran más de 200 minas ilegales en otra intervención en la misma zona, donde un soldado ecuatoriano falleció tras caer en una trampa explosiva atribuida a estas redes criminales.
Fuente: https://www.lahora.com.ec/