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Fiscalización suspendió el tratamiento de las solicitudes de enjuiciamiento político a la fiscal Diana Salazar
La decisión de la Comisión de Fiscalización se dio cuatro días después de que el Consejo de Administración de la Legislatura resolvió suspender la tramitación de los juicios políticos a Diana Salazar.Después de que el 17 de mayo de 2024, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) resolvió suspender la tramitación y sustanciación de los juicios políticos a la fiscal general del Estado (FGE), Diana Salazar, por su embarazo de alto riesgo, la Comisión de Fiscalización, se allanó hoy, 21 de mayo a la decisión del organismo.
Se trata de los que, entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, presentaron los asambleístas del correísmo, Gisella Garzón y Héctor Valladares, por presunto incumplimiento de funciones.
El 28 de noviembre de 2023, Gisella Garzón, como proponente de la solicitud de juicio, mencionó la inseguridad que se vive en el país como una de las causales para la interpelación, y el “abandono” a los fiscales para que puedan ejercer su cargo.
El 14 de mayo de 2024, Héctor Valladares argumentó en contra de la fiscal, presunto encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos. Según señaló Valladares, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entre 2019 y 2022, emitió 97 alertas de potenciales casos de lavado de activos, de los cuales, la fiscal apenas habría procesado doce, según Valladares.
Casi al término de la sesión de hoy, la presidenta de la Mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, aclaró que el juicio político, al no haber sido archivado está vigente. “Pero, está suspendido”, aclaró.
Hizo referencia al artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) que dispone que la “Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, por el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República y la ley, de los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución de la República, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado (o dejado el cargo, el funcionario podrá ser interpelado)». (SC)
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