Daniel Noboa podría impulsar reformas legales si alcanza mayoría absoluta, sin necesidad de una Asamblea Constituyente.
El presidente Daniel Noboa enfrenta una disyuntiva clave para su agenda de reformas, aprovechar una posible mayoría absoluta en la Asamblea Nacional o convocar una Asamblea Constituyente. Su Gobierno evalúa los mecanismos disponibles para impulsar cambios en seguridad, justicia y economía, mientras sopesa los tiempos, costos y riesgos políticos de cada camino.
Según los abogados consultados, el contexto parlamentario podría permitir al oficialismo ejecutar gran parte de su plan sin modificar el núcleo de la Constitución.
La decisión, más que jurídica, se ubica en el terreno de la estrategia política, pues determinará el alcance y velocidad de las transformaciones impulsadas por el Ejecutivo.
Mayoría legislativa ofrece margen amplio para reformas legales
Edison Guarango, abogado constitucionalista, señaló que el oficialismo podría alcanzar una mayoría con aliados de otras bancadas.
Con ese respaldo, sería posible aprobar leyes con mayoría simple o incluso mayoría calificada en ciertos casos. Esa ventaja permitiría al Gobierno avanzar con reformas desde la Asamblea Nacional sin convocar una Constituyente.
El constitucionalista destacó que tener mayoría facilita la gobernabilidad y la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Recordó que un escenario similar se vivió durante el gobierno de Rafael Correa. Esa coyuntura permitió una mayor implementación de políticas públicas sin bloqueos institucionales.
Reformas legales sin alterar la Constitución son viables
Guarango explicó que el oficialismo puede impulsar leyes sobre seguridad, justicia o administración pública con mayoría absoluta.
Esa vía no requiere modificar la Constitución y evita confrontaciones políticas como los vetos cruzados entre el Ejecutivo y el Legislativo. La articulación institucional se vuelve más fluida en ese contexto.
Hernán Acevedo, abogado y catedrático de la UIDE, coincidió en que con mayoría absoluta se puede aprobar leyes ordinarias y orgánicas. Señaló que estas últimas tienen mayor jerarquía en el sistema jurídico y permiten cambios más profundos.
También indicó que esa mayoría acerca al oficialismo a una mayoría calificada, necesaria para aprobar enmiendas constitucionales desde la Asamblea.
Riesgos y limitaciones de optar por una Constituyente
Guarango advirtió que los escenarios políticos pueden cambiar, como ocurrió en Chile con el proceso constitucional impulsado por Gabriel Boric.
Aunque inicialmente tuvo apoyo popular, el nuevo texto fue rechazado en referéndum. En Ecuador podría pasar algo similar si el respaldo ciudadano se debilita durante el proceso.
Acevedo explicó que una Asamblea Constituyente implica varios pasos: dictamen de la Corte Constitucional, referéndum aprobatorio, elección de constituyentes y redacción de una nueva Carta Magna. El oficialismo no tendría garantizada la mayoría en esa Asamblea, lo que representa un riesgo político adicional.
La reforma parcial como opción intermedia y eficiente
Según Guarango, las reformas parciales ya han sido tramitadas en menos de un año por la Asamblea. En cambio, una Constituyente podría costar hasta 200 millones de dólares y tardar más de dos años.
Destacó que la reforma parcial permite hacer cambios relevantes sin alterar toda la Constitución.
Acevedo indicó que la reforma parcial permite modificar casi toda la Carta Magna, salvo derechos y garantías. Explicó que esa vía requiere un referéndum, pero representa un proceso menos complejo que una Constituyente. También recordó que la Corte Constitucional definió en 2024 que ciertas reformas deben tramitarse por esta vía.
Enmiendas constitucionales y leyes orgánicas también son herramientas útiles
Acevedo señaló que una enmienda permite cambios puntuales y puede tramitarse desde la Asamblea sin necesidad de referéndum. Basta con contar con las dos terceras partes de los votos.
Desde su perspectiva, este mecanismo resulta más rápido y menos costoso que una reforma parcial o una Constituyente.
Guarango agregó que las leyes orgánicas permiten realizar reformas profundas sin modificar la Constitución. Recalcó que, con mayoría absoluta, el oficialismo podría incluso ajustar normas a través del veto presidencial. Para rechazar esa objeción, la Asamblea necesitaría mayoría calificada, lo cual sería difícil sin una oposición cohesionada.
La propuesta de Daniel Noboa carece de una hoja de ruta detallada
Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, afirmó que hasta ahora no se conoce un plan detallado sobre cómo se desarrollaría la Asamblea Constituyente propuesta por Noboa.
Mencionó que el presidente habló en entrevistas de una Constituyente exprés, pero no explicó su duración, el tipo de elección de los constituyentes o los temas que trataría el nuevo texto constitucional.
Ron señaló que si Noboa desea activar el proceso, deberá firmar un decreto ejecutivo tras asumir un nuevo período presidencial. En ese documento debe especificar el modelo de Asamblea, su plazo de funcionamiento y los mecanismos de selección de sus miembros.
Ese decreto debe pasar primero por la Corte Constitucional, que evalúa su legalidad, y luego el Consejo Nacional Electoral organizaría la consulta popular. Según Ron, todo el proceso depende de una secuencia de actos formales.
Condiciones jurídicas y políticas para el proceso
Ron advirtió que existen cláusulas constitucionales que no pueden modificarse. Estas cláusulas, conocidas como pétreas, protegen contenidos como la progresividad de derechos laborales, la igualdad ante la ley o la autonomía de las funciones del Estado.
Explicó que ninguna Asamblea Constituyente puede cambiar estos principios ni reducir derechos ya reconocidos. Añadió que la participación ciudadana es clave para legitimar cualquier nuevo texto constitucional.
También indicó que un proceso constituyente no se puede considerar breve. Aunque se plantee una Asamblea de corta duración, solo los procedimientos previos toman varios meses. Entre la consulta, la elección de representantes y el referéndum final, el proceso puede extenderse por al menos un año.
Ron afirmó que la experiencia histórica del país muestra que estos mecanismos requieren tiempo, planificación y apertura al debate público.
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