Daniel Noboa asignó funciones sociales a la Vicepresidenta, María José Pinto.
En democracia, no solo importan las decisiones que se toman, sino también la simbología que esas decisiones proyectan. Iniciar un gobierno con claridad institucional, con los roles definidos y sin frentes abiertos innecesarios, no es un asunto menor: es un acto de responsabilidad con la ciudadanía y con la gobernabilidad.
El arranque del nuevo periodo presidencial de Daniel Noboa, el 24 de mayo de 2025, trae una señal positiva. Al asignar funciones sociales concretas a su vicepresidenta, María José Pinto, el Ejecutivo no solo ordena la casa desde el inicio, sino que evita reeditar una carga política negativa que afectó su primer mandato.
La designación de Pinto con un encargo enfocado en salud mental, educación intercultural bilingüe, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil representa mucho más que un reparto administrativo. Es el reconocimiento de que la Vicepresidencia debe ser útil. Es, además, una apuesta por dejar atrás el ruido institucional que durante meses generó confusión pública y debilitó al Gobierno.
Durante su primer periodo, Noboa convivió con una vicepresidencia errática. Verónica Abad, su compañera de fórmula en 2023, fue enviada a Israel como embajadora de paz. Lo que parecía un movimiento simbólico se transformó pronto en un conflicto de gestión, con acusaciones de desacato, enfrentamientos con la Cancillería y una suspensión formal de la entonces vicepresidenta del Ministerio de Trabajo por abandono de funciones.
A partir de noviembre de 2024, Abad quedó fuera del país, sin sueldo ni funciones, y el presidente nombró reemplazos, no sin mediar la polémica política, constitucional y administrativa. El país vivió durante meses con dos vicepresidentas de facto, sin claridad ni operatividad.
El ruido político que dejó ese episodio fue más profundo de lo que parece. Abad se convirtió en una detractora del Presidente. A esto se sumó la detención de su hijo por presunto tráfico de influencias, un hecho que agudizó el conflicto y expuso al país a un espectáculo improductivo. La institucionalidad quedó desgastada, y la ciudadanía —una vez más— fue testigo de una pugna entre poderes que poco o nada resolvió los problemas urgentes del país.
Por eso es tan significativo que, en este nuevo arranque, Noboa haya optado por evitar ese desgaste. La elección de Pinto como vicepresidenta —y más aún, la definición inmediata de sus funciones— es una manera de marcar distancia con el pasado reciente.
En cuanto al aspecto democrático, esto tiene un impacto directo. Un país con desafíos en seguridad, empleo y salud no puede darse el lujo de cargar, además, con crisis internas generadas por desacuerdos en el alto mando.
Tener una vicepresidenta con tareas claras alivia, en este contexto, una carga política innecesaria. Permite que el debate público se enfoque en las propuestas y no en los conflictos. No hay duda de que los temas encomendados a Pinto son de alta sensibilidad, pues requieren políticas sostenidas.
La gobernabilidad no depende solo de alianzas en la Asamblea o de decretos ejecutivos. También se construye desde los gestos, desde la coherencia entre forma y fondo, desde los pequeños equilibrios que dan al país la certeza de que el gobierno está funcionando. Y en ese sentido, para Noboa, empezar el mandato con una vicepresidenta que tiene funciones claras y relevantes no es apenas un detalle administrativo. Es un buen comienzo.
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