La asambleísta Ines Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad y Soberanía, asegura que una de las prioridades del movimiento Acción Democrática Nacional será la consulta popular por ser “un clamor ciudadano”.
En menos de seis meses arrancará la precampaña electoral como la antesala de las elecciones secciones de 2027. Esto mientras en la Asamblea Nacional varios sectores políticos tienen puesta la mirada en los proyectos y propuestas de ley que esperan sean tramitados hasta fin de año.
Esto no es la excepción en el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). En la Comisión de Seguridad y Soberanía, una de las mesas legislativas que ha tramitado proyectos de ley como el de Inteligencia que forma parte del escrutinio público en la Corte Constitucional (CC), esperan que en estos meses se conozcan y aprueben nuevas iniciativas legales. Inés Alarcón, presidenta de esta Comisión, dice que otra de las prioridades está enfocada en la consulta popular.
P. Según el Gobierno, la consulta sería a fines de noviembre, pero hay reparos a varias preguntas entre ellas, que los jueces de la Corte Constitucional (CC) sean sujeto de juicio político. ¿Cómo se procesa al interno de la bancada estas críticas?
La consulta es un clamor ciudadano. El presidente (de la República), Daniel Noboa, ha recogido la mayoría de preocupaciones, lo ha puesto sobre la mesa y ahora forma parte del debate nacional. La consulta debe ser tomada como lo que es; el mecanismo más importante de democracia en el Ecuador y serán los ciudadanos los que respondan a estas inquietudes. Sabemos que unos no están de acuerdo, otros sí.
P. ¿Qué les diría a los sectores que se oponen a algunas preguntas de la consulta?
Aquí debe primar la democracia y la voluntad popular. En las urnas se decidirá si las preguntas tienen aceptación popular. Esperamos que tengan el apoyo de la ciudadanía; son preguntas que responden las necesidades urgentes que tiene el país.
P. Las elecciones seccionales están cerca. ¿Se va a preparar para una posible candidatura? ¿Cómo ve su futuro en la Asamblea?
Sigo trabajando en la Asamblea como presidenta de la Comisión. Tenemos retos importantes, además en el Grupo de Amistad de la Unión Europea y Ecuador para afianzar la cooperación en seguridad nacional, y para la reconstrucción del tejido social a través de la educación, cultura, deporte. Son proyectos importantes que deben ser llevados a cabo, no estamos pensando todavía en las seccionales. Estoy enfocada en estos objetivos y cómo poder aportar.
P. Algunos sectores políticos en la Asamblea, entre ellos la Revolución Ciudadana, trabajan en territorio con miras a las seccionales. ¿Cuándo iniciarán ustedes?
Nosotros, como ADN, antes de las seccionales tenemos una consulta popular importante. En eso nos mantenemos ahora enfocados y en otras obligaciones que le corresponde a un legislador.
P. Como representante de Pichincha, ¿se ve como candidata, por ejemplo, a la Alcaldía de Quito?
Estaremos donde el partido político y el país nos necesite. Siempre vamos a estar para aportar y apoyar. Pero hoy las necesidades son otras y urgentes, tenemos una consulta popular a puertas y muchos proyectos importantes a favor de la seguridad nacional. En eso estamos enfocados.
P. ¿Cómo avanza el proyecto para homologar los uniformes de la fuerza pública para evitar que sean utilizados por grupos irregulares para delinquir?
Se trata del proyecto de ley para la homologación de uniformes para las fuerzas del orden; Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes de tránsito. El objetivo es dar trazabilidad a los uniformes de las fuerzas del orden a través de diferentes mecanismos.
P. ¿Cuáles?
Incorporar un código QR que debería ser personal e intransferible. Esto permitirá tener una trazabilidad de las prendas y regular que las personas encargadas de fabricar, vender y confeccionarlos cumplan estándares tecnológicos con una sola directriz que la dará el Ministerio de Defensa. Además, deberá establecer los requisitos para la fabricación de los uniformes. Será similar a los procesos que se usan para dar los permisos de porte o tenencia de armas. Eso quiere decir que ninguna persona que no cuente con los requisitos para fabricar uniformes, podrá venderlos. La ciudadanía debe saber que los trajes que usan policías, militares, hasta grupos especiales, se los puede conseguir de manera virtual y en cualquier almacén los venden a 40 o 50 dólares. Esto es lo que estamos tratando de evitar, porque la delincuencia utiliza estos implementos para delinquir.
P. ¿Cómo funcionará la aplicación del Código QR?
Si una persona o una familia se encuentra con un policía, un militar, o un operativo de seguridad en las calles, podrá verificar con el Código si en realidad es una persona confiable que pertenece a tal o cual unidad militar o policial. Los delincuentes están utilizando uniformes para, entre comillas, hacer controles de tránsito, o incluso ingresar a domicilios, etc.
P. ¿Cuándo se conocerá en el Pleno?
Está por ser aprobado el informe para primer debate; tiene aportes de la Policía, del Ministerio de Interior y de la cooperación internacional. Por ejemplo, a través de las embajadas de Italia y Chile, que cuentan con normativas fuertes sobre el uso de los uniformes para las fuerzas del orden. Estos no pueden ser utilizados por cualquier persona, ni estar a la venta libre en cualquier lugar.
P. ¿Hay un estimado del número de denuncias en la Fiscalía por uso de uniformes?
En la Fiscalía hay más de 1.200 denuncias ciudadanas por uso ilegal de uniformes.
P. ¿Este es uno de los últimos proyectos que trabaja en la Comisión antes de terminar el año?
También se trabaja en un proyecto de ley sobre el sistema penitenciario, ciberseguridad. Esperamos entregar estas normativas para que sean ley. Además, está pendiente que el Pleno conozca la investigación del caso Ligados que involucra a exvocales del Cpccs.
Fuente: https://www.lahora.com.ec/