El tráfico de armas ha aumentado en Ecuador, según la Fiscalía
El crimen organizado en Ecuador ya no solo se nutre del narcotráfico. Hoy, el tráfico de armas se ha convertido en uno de los principales motores de la violencia que carcome al país, y los datos de la Fiscalía General del Estado lo dejan en claro: el aumento ha sido “alarmante” y ha ido en paralelo con la expansión territorial y de poder de las bandas criminales consideradas terroristas.
Entre 2022 y 2024, las noticias del delito por tráfico de armas se triplicaron: de 230 a 731. Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, muestra que la guerra interna que vive el Ecuador tiene sustento logístico, económico y político en la industria del armamento ilegal. El 82% de los homicidios intencionales registrados desde 2020 han sido cometidos con armas de fuego. En cada cartucho incautado, en cada alimentadora recuperada, hay una historia que nos obliga a repensar el rol del Estado.
Las provincias más golpeadas por esta realidad —Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Los Ríos— coinciden con los territorios más disputados por las bandas que se enfrentan por rutas, mercados y poder. Armas para matar, para amedrentar, para reclutar. Armas como símbolos de estatus, como instrumentos de justicia paralela, como formas de dominio. Armas que no llegan por accidente, sino por redes bien establecidas que cruzan fronteras, sobornan autoridades, atraviesan puertos y se dispersan en los barrios.
La declaratoria de conflicto armado interno que hizo el presidente Daniel Noboa en enero de 2024 fue un giro radical en el discurso oficial, pero el país se mide a un embate delincuencial de grandes proporciones que desafía a la estructura del Estado y al diario vivir de sus habitantes. Sin embargo, con el nuevo proyecto de ley urgente enviado a la Asamblea, se abre una nueva etapa.
La normativa propuesta busca enfrentar esta economía criminal con herramientas excepcionales. Tipificar la pertenencia a un grupo armado organizado como delito con penas de hasta 26 años, permitir que militares y policías actúen sin temor a prisión preventiva y habilitar decretos ejecutivos para declarar zonas de seguridad, son respuestas pensadas para una guerra no convencional. Además, se institucionaliza el Bloque de Seguridad como eje de la ofensiva estatal.
Hay algo esencial. Ningún arsenal legal será suficiente si no se corta la cadena de suministro. El tráfico de armas es una industria transnacional, que exige inteligencia, cooperación regional y depuración interna. Las armas que matan en Esmeraldas no se fabrican en el norte de San Lorenzo, ni los explosivos decomisados en Durán son artesanales. Hay un mercado organizado que se nutre de la impunidad, la corrupción y la debilidad institucional.
La verdadera urgencia no está solo en endurecer penas, sino en cerrar el grifo. Sin armas, las bandas pierden poder de fuego. Sin ese poder, pierden control. Y sin control, se abre una oportunidad para recuperar el Estado. Esa es la ecuación.
El tráfico de armas no solo alimenta el crimen. Lo sostiene. Lo profesionaliza. Lo vuelve letal. Si el país quiere salir de este espiral, debe cortar esa fuente con determinación, estrategia y transparencia. No hay otra salida.
Fuente: https://www.elcomercio.com/