Más de 10 000 personas necesitan terapias continuas y acceden a servicios públicos y privados de salud.
El Gobierno de Daniel Noboa pagó más de 142,8 millones de dólares a centros privados que prestan servicios de diálisis en Ecuador durante 2026. Los recursos corresponden a tratamientos que reciben pacientes con enfermedad renal crónica y forman parte de las obligaciones pendientes del Ministerio de Salud Pública (MSP) con estos establecimientos.
Entre septiembre y noviembre de este año, el Ministerio acreditó 31,2 millones de dólares. Estos pagos buscan respaldar la continuidad de los tratamientos de miles de personas que necesitan terapias de reemplazo renal. Para quienes tienen enfermedad renal crónica, mantener estos procedimientos sin interrupciones resulta fundamental para evitar complicaciones y preservar su calidad de vida.
Más de 10 000 pacientes reciben tratamientos de diálisis
En Ecuador, más de 10 000 personas reciben alguno de los tres tratamientos disponibles: diálisis peritoneal, hemodiálisis y hemodiafiltración. Estas terapias permiten atender a pacientes que necesitan reemplazar parte de las funciones de sus riñones debido a una enfermedad renal crónica.
La continuidad de estos procedimientos resulta necesaria para evitar complicaciones asociadas a la interrupción de la atención. Por eso, el acceso oportuno a las terapias constituye un aspecto fundamental para las personas que dependen de estos tratamientos.
El Ministerio de Salud Pública presta estos servicios mediante sus 25 establecimientos propios. Esta red permite acercar la atención a la población y facilitar el acceso a las terapias sustitutivas renales.
Sin embargo, cuando la capacidad de los establecimientos del MSP no alcanza para cubrir la demanda, la institución activa un proceso de derivación hacia otros prestadores de salud. Este mecanismo busca atender los requerimientos de los pacientes que necesitan continuar con sus tratamientos.
Cómo funciona la derivación a centros privados de diálisis
El sistema contempla dos etapas para derivar a los pacientes cuando los establecimientos del Ministerio de Salud no pueden cubrir sus necesidades de atención.
Primero, el MSP gestiona el acceso a los servicios de la Red Pública Integral de Salud (RPIS). Si esta alternativa tampoco permite responder a la demanda, la institución recurre a los prestadores de la Red Privada Complementaria (RPC) que mantienen convenios vigentes.
En este último grupo se encuentran los centros externos que ofrecen servicios de diálisis y que reciben los pagos del Estado por la atención que brindan a los pacientes derivados.
Durante 2026, el Gobierno ha acreditado más de 142,8 millones de dólares a estos prestadores. De ese monto, 31,2 millones corresponden a desembolsos efectuados entre septiembre y noviembre.
El Ejecutivo mantiene la gestión de estos pagos y la coordinación con los establecimientos que forman parte de la red complementaria. El objetivo es que las personas con enfermedad renal crónica puedan mantener sus tratamientos mediante los servicios públicos y privados disponibles.
La atención de estos pacientes requiere procedimientos continuos. Por ello, la coordinación entre los establecimientos propios del MSP, la Red Pública Integral de Salud y los centros privados con convenio forma parte del mecanismo que utiliza el sistema para responder a la demanda de terapias sustitutivas renales.
Fuente: https://www.elcomercio.com/