El Ministerio del Interior informó este 26 de febrero de 2026 que aplica protocolos de protección para salvaguardar la integridad de operadores del sistema judicial frente a supuestas amenazas relacionadas con Aquiles Alvarez, implicado en el caso Goleada. La entidad señaló que la medida responde a una solicitud presentada y al análisis
El Ministerio del Interior informó este 26 de febrero de 2026 que aplica protocolos de protección para salvaguardar la integridad de operadores del sistema judicial frente a supuestas amenazas relacionadas con Aquiles Alvarez, implicado en el caso Goleada. La entidad señaló que la medida responde a una solicitud presentada y al análisis y evaluación de riesgos efectuados.
Actualización del análisis de riesgo por supuestas amenazas de Aquiles Alvarez a juez del caso Goleada
La cartera de Estado comunicó que dispuso la actualización del Análisis de Riesgo Personal del juez Jairo G., de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. El magistrado actúa como juez ponente en el proceso denominado Goleada.
Según el comunicado oficial, la decisión se adoptó en el marco de las competencias institucionales del Ministerio del Interior. La entidad indicó que el objetivo es garantizar la seguridad del operador judicial ante las presuntas amenazas vinculadas al caso.
El Ministerio precisó que la actualización del análisis forma parte de los protocolos de protección correspondientes, en atención a la solicitud presentada y tras la evaluación de riesgos realizada.
La institución también ordenó la activación inmediata de los protocolos de protección pertinentes. Estas medidas buscan resguardar la seguridad del juez que conoce el caso Goleada.
Las claves del caso Goleada que llevó a prisión a Aquiles Alvarez
La Fiscalía General del Estado sostiene que el caso Goleada se basa en la presunta existencia de un entramado societario complejo que habría servido para evadir controles estatales y ejecutar operaciones irregulares vinculadas a la comercialización de combustibles y a maniobras de defraudación tributaria.
El Ministerio Público argumentó que la prisión preventiva responde a la necesidad de neutralizar riesgos procesales y evitar interferencias en la investigación.
Durante los allanamientos del 10 de febrero en Guayaquil y Samborondón fueron aprehendidas 11 personas. Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez recibieron prisión preventiva y la inmovilización de sus cuentas bancarias.
La Fiscalía presentó 20 elementos de convicción, entre ellos información financiera, documentos y alrededor de 150 000 páginas de chats de WhatsApp extraídos de dispositivos electrónicos.
En el ámbito político y administrativo, el Municipio de Guayaquil activó los mecanismos de subrogación. Tras la detención y una licencia hasta marzo solicitada por Alvarez, la vicealcaldesa Tatiana Coronel asumió como alcaldesa subrogante. El proceso entra ahora en etapa de instrucción fiscal, con un plazo de hasta 90 días para la práctica de diligencias y presentación de elementos de descargo.
Fuente: https://www.elcomercio.com/