El propósito de los operativos es evitar la especulación y proteger el acceso de la ciudadanía a productos esenciales como el gas
En el marco del Decreto Ejecutivo No. 126, que eliminó el subsidio al diésel, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Ambiente y Energía, a través de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), ejecutaron 1 226 operativos de control en todo el país. Estas acciones buscan asegurar el abastecimiento normal de combustibles y gas de uso doméstico, y garantizar que se vendan al precio oficial.
Las autoridades reforzaron los controles ante la coyuntura de movilizaciones y rumores de desabastecimiento. El propósito es evitar la especulación y proteger el acceso de la ciudadanía a productos esenciales como diésel, extra, ecopaís y Gas Licuado de Petróleo (GLP), indispensables para el transporte, la alimentación y las actividades diarias de millones de familias.
Operativos en todo el país
Hasta la fecha, la ARCH realizó 408 operativos en envasadoras y distribuidoras de GLP. También ejecutó 818 inspecciones en estaciones de servicio en todas las provincias. Como resultado, levantó 17 actas de control que servirán para iniciar procesos sancionatorios a los establecimientos que incumplen la normativa.
En cada operativo, los técnicos verifican que los locales cumplan la normativa legal vigente. Además, revisan el estado de la infraestructura, la atención a la ciudadanía y que la comercialización se realice en las cantidades, calidades y precios establecidos.
Los precios oficiales de venta son:
Diésel 2,80 dólares
Extra y ecopaís 2,879
Gas doméstico 1,65 dólares
Trabajo interinstitucional para frenar abusos
La ARCH coordina permanentemente operativos interinstitucionales con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, las gobernaciones y las intendencias provinciales. Este trabajo conjunto permite atender denuncias ciudadanas y prevenir prácticas ilegales, como el acaparamiento o el sobreprecio.
“El compromiso del Gobierno es firme: proteger el bolsillo de las familias ecuatorianas y evitar que las economías criminales se beneficien de los subsidios estatales destinados a los sectores más vulnerables”, señaló la institución.
Con estos controles, el Estado reafirma su compromiso de garantizar el abastecimiento de combustibles y gas. También busca combatir la especulación y asegurar que todos los ciudadanos accedan de manera equitativa a productos estratégicos para el desarrollo del país.
Fuente: https://www.elcomercio.com/