Fiscalía sostiene que Abdalá Bucaram comercializó pruebas covid e insumos médicos durante emergencia sanitaria en Ecuador.
La Fiscalía de Ecuador solicitó el jueves 14 de mayo una condena contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram y otras dos personas por el delito de delincuencia organizada. Este caso se relaciona con la presunta venta irregular de pruebas para detectar covid-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.
Alegato final del Ministerio Público
Durante su alegato final, el Ministerio Público sostuvo que los procesados colaboraron entre marzo y agosto de ese año con una estructura delictiva. Esta organización obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización de 21 mil pruebas de covid-19 y otros productos médicos. La Fiscalía expuso estos argumentos en el juicio que comenzó el 11 de abril de 2025, luego de varios diferimientos acumulados desde 2022.
Presunta red para movilizar pruebas
Según la teoría fiscal, dos ciudadanos israelíes participaron en la movilización de las pruebas médicas. Uno de ellos fue asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. La investigación sostiene que ambos trasladaron los kits bajo custodia de agentes de tránsito hasta la vivienda del exmandatario.
La Fiscalía también señaló que el expresidente almacenó mascarillas, lancetas y otros insumos médicos en su domicilio. Los peritos que comparecieron durante la audiencia coincidieron en que esta supuesta organización utilizó bienes públicos y servidores de la oficina de tránsito de Quito para transportar las pruebas durante la emergencia sanitaria.
Fingiendo pertenencias diplomáticas
El Ministerio Público aseguró además que algunos implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para movilizarse sin levantar sospechas. La investigación indica que las pruebas se vendían en varias provincias del país sin facturas y sin pagar impuestos al Estado.
Testimonios y antecedentes del caso
La Fiscalía citó el testimonio de uno de los extranjeros involucrados antes de su asesinato. Según esa declaración, Jacobo Bucaram pagó 321 600 dólares en efectivo por la mercadería vinculada con las pruebas y otros insumos médicos.
En este proceso participaron 50 personas entre testigos y peritos. El tribunal tiene previsto anunciar su decisión en los próximos días. El delito de delincuencia organizada contempla penas de hasta 10 años de prisión, aunque la sanción puede aumentar si existen agravantes.
Este caso ya dejó otras sentencias. Dos agentes de tránsito que también integraban el equipo de seguridad presidencial recibieron condenas reducidas después de aceptar los hechos imputados por la Fiscalía.
Fuente: https://www.elcomercio.com/