El fin del paro deja a Imbabura el reto de reactivarse con diálogo y confianza social.
Imbabura intenta retomar la calma después de más de un mes de paralización que afectó profundamente su economía, su convivencia y su confianza social.
El conflicto, originado por la eliminación del subsidio al diésel y por la firma del Decreto Ejecutivo 126, dejó pérdidas estimadas en unos 70 millones de dólares, según gremios locales. La provincia, una de las más turísticas del país, fue la más golpeada por las protestas.
El Gobierno Nacional anunció ayer, 23 de octubre de 2025, un plan de reactivación que incluye la reducción del IVA al 8% exclusivamente para Imbabura, como una medida temporal para incentivar el consumo y dinamizar la economía. La tarifa general del IVA en Ecuador es actualmente del 15%, por lo que el ajuste representa una rebaja significativa.
El presidente Daniel Noboa explicó que el objetivo es ayudar a los emprendedores, artesanos y empresarios que vieron afectadas sus actividades durante la paralización. Sin embargo, ningún plan económico será efectivo si las comunidades mantienen focos de tensión, medidas de hecho o amedrentamientos a quienes intentan reabrir sus negocios.
EL COMERCIO recogió testimonios de comerciantes en Otavalo y Cotacachi que expresaron temor de volver a operar por presiones y amenazas. Esa atmósfera de inseguridad retrasa la recuperación más que cualquier problema económico.
La Cámara de Turismo de Ibarra confirmó que durante el feriado de octubre la ocupación hotelera en la provincia fue apenas del 4,6%, según datos del Ministerio de Turismo. Habitualmente, en esas fechas, Imbabura alcanza entre el 70% y el 80% de ocupación. Este desplome, junto con el cierre de mercados, carreteras y establecimientos, dejó sin ingresos a cientos de familias que viven del turismo interno y del comercio.
El impacto va más allá de los números. Durante 30 días hubo bloqueos intermitentes que afectaron la movilidad, el transporte de carga y el abastecimiento de productos básicos. En varios sectores rurales hubo escasez de gas doméstico y alzas reportadas en productos agrícolas y de primera necesidad, según comerciantes locales.
La reducción del IVA puede estimular el consumo en el corto plazo, pero la recuperación será sostenible solo si las carreteras están abiertas, si los turistas se sienten seguros y si los ciudadanos confían en las instituciones.
Los gremios privados estiman que la provincia necesitará al menos seis meses para volver a los niveles de actividad previos al paro. La prioridad debe ser reconstruir la confianza. Esto implica que el Gobierno mantenga presencia constante, que las autoridades locales lideren procesos de reconciliación y que las comunidades dejen de ver en la paralización su única herramienta de presión.
El paro dejó expuestas heridas culturales, sociales y políticas que no se resolverán con decretos. La división entre comunidades, la desconfianza hacia el Estado y la politización de las protestas siguen latentes. Algunos grupos políticos intentaron capitalizar el malestar con fines partidistas, debilitando la legitimidad del reclamo popular.
Imbabura, reconocida por su diversidad y su dinamismo, merece un nuevo comienzo. El desafío es no repetir los errores del pasado: medidas improvisadas, respuestas reactivas y diálogos intermitentes. La provincia necesita una mirada de largo plazo, en la que Estado, municipios, gremios y comunidades se comprometan con un mismo propósito: reconstruir la convivencia y recuperar su potencial económico.
La reducción del IVA al 8% puede ser el punto de partida de esa recuperación, pero no el punto final. Los incentivos fiscales deben ir acompañados de seguridad, educación, empleo y una comunicación política más empática. El desarrollo no se impone, se construye con confianza.
Imbabura ha sido históricamente un símbolo de trabajo y cultura. Hoy necesita ser también un ejemplo de resiliencia y unidad. La verdadera reactivación será aquella que devuelva la esperanza a sus habitantes y la estabilidad al país.
Fuente: https://www.elcomercio.com/