Ecuador rechazó las bases extranjeras, pero la violencia histórica exige una estrategia nueva y capaz de enfrentar al crimen transnacional.
Los ecuatorianos no aceptaron la idea de las bases militares extranjeras. La consulta popular y el referendo del 16 de noviembre no cerró un debate filosófico sobre soberanía. A priori se percibe que la gente tiene desconfianza de cómo se puede resolver el tema de la inseguridad.
A menos de dos meses de que se termine el 2025, Ecuador está atrapado en una espiral de violencia que lo llevó a convertirse en el quinto país con mayor criminalidad del mundo, según el Índice Global de Delincuencia Organizada 2025 de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
Esta clasificación refleja algo más profundo que los homicidios récord. Esta clasificación que nos ubica detrás de Myanmar, Colombia, México y Paraguay muestra un Estado superado por estructuras criminales que funcionan con lógica empresarial, redes regionales y una capacidad financiera que perfora instituciones.
El primer desafío es evidente: Con fronteras extensas y permeables, puertos débiles y un control aéreo intermitente, el país no puede anticipar movimientos del narcotráfico ni de las bandas que disputan territorios urbanos. Las cifras lo gritan: 7 439 homicidios entre enero y octubre de 2025.
Ningún despliegue militar compensa la falta de vigilancia, radares y tecnología de inteligencia estratégica. Si Ecuador quiere recuperar territorio, debe invertir con urgencia en su propio sistema de ISR -vigilancia aérea, marítima y electrónica- bajo control nacional.
La segunda tarea es menos visible: desmontar la economía criminal. Las mafias no dominan barrios solo por armas; lo hacen porque tienen liquidez, logística y capacidad para corromper.
Mientras la Unidad de Análisis Financiero y la Fiscalía sigan sin herramientas suficientes, la lucha seguirá centrada en los sicarios y no en los dueños del negocio. Aquí el país necesita inteligencia financiera, big data aplicada al rastreo de capitales y una justicia capaz de procesar redes delictivas sin colapsar.
La tercera opción -la más lógica y políticamente viable tras el referendo- es profundizar la cooperación internacional sin presencia militar. Esto ya ocurre bajo el modelo INL con Estados Unidos: asistencia técnica, entrenamiento, tecnología y apoyo judicial sin tropas extranjeras en territorio ecuatoriano.
Lo mismo puede ampliarse con la ONU y la OEA, entidades que brindan soporte en control fronterizo, lucha contra el terrorismo y fortalecimiento institucional. Si el país aprende a coordinar esa cooperación, puede obtener capacidades que hoy no tiene, sin violar el mandato ciudadano.
Pero nada de esto despega sin recursos. Ecuador depende de créditos para sostener su presupuesto y financiar seguridad. El riesgo país subió a 708 puntos este 18 de noviembre tras los resultados negativos para el Gobierno en el referendo y consulta popular 2025.
Esto ahuyenta el financiamiento que se necesita para combatir la violencia. La única salida es asegurar esos recursos con transparencia y condicionalidad de reformas reales, sobre todo, en justicia.
A la par, se vive una crisis social que se expande. Los ecuatorianos están huyendo de sus comunidades para sobrevivir. La violencia no solo mata: también expulsa, empobrece y fractura. Si el Estado no atiende esa dimensión humana, las mafias seguirán ocupando los vacíos que deja la institucionalidad.
Ecuador dijo No a las bases militares extranjeras, pero no le dijo No a la seguridad. Lo que rechazó fue una solución que no convenció, no porque la amenaza sea menor. Ese mensaje no libera al Gobierno de su obligación; la vuelve más urgente.
El país no pidió menos seguridad. Pidió una estrategia que funcione. Ahora le toca al Estado demostrar que puede construirla.
Fuente: https://www.elcomercio.com/