El Gobierno Trump sustentó la demanda en una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El Gobierno del presidente Donald Trump demandó a una inmigrante hispana por no acatar una orden final de deportación y solicitó una multa millonaria, según información de EFE.
EE.UU. ‘castiga’ con multa millonaria a mujer hispana por desobedecer orden de deportación
La demanda civil señala a Marta Alicia Ramírez Veliz y exige el pago de 941 114 dólares más intereses por no haber salido de Estados Unidos tras perder su caso migratorio en 2022.
El Departamento de Justicia presentó la querella en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Richmond, Virginia. La acción busca hacer efectivo el cobro por el incumplimiento de una orden definitiva de expulsión del país, de acuerdo con documentos judiciales citados por EFE.
Base legal de la sanción migratoria
El Gobierno Trump sustentó la demanda en una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esta norma establece una multa civil para los extranjeros sujetos a una orden final de deportación que incumplan o se nieguen deliberadamente a abandonar el país.
El monto se fija en 998 dólares por cada día de infracción. En el caso de Ramírez Veliz, el Departamento de Justicia sostuvo que la deuda se acumuló hasta el 24 de abril de 2025.
Cronología del caso judicial de inmigrante hispana
Según los registros del proceso, un juez de inmigración ordenó la salida del país de la mujer el 1 de julio de 2019. La inmigrante apeló la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
El organismo desestimó el recurso y mantuvo vigente la deportación el 23 de septiembre de 2022. En abril pasado, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) notificó la intención de imponer la multa y otorgó un plazo de 30 días para presentar una defensa. La mujer no respondió, por lo que el Gobierno solicitó a la corte la ejecución del cobro.
Antecedentes y reacción legal
Durante su primera administración, Trump autorizó al ICE a imponer multas que alcanzaron hasta el medio millón de dólares. Un abogado de la organización Public Justice señaló que la sanción solicitada en este caso parece la más alta conocida, con una cifra cercana al millón de dólares.
Fuente: https://www.elcomercio.com/