La incautación de fármacos vencidos revela un sistema de corrupción en hospitales y un mercado negro que no se detiene.
Las incautaciones de medicinas caducadas en Ecuador es el reflejo de un problema mayor: la corrupción. No se trata de hechos aislados. Es un problema histórico, previo a la pandemia, que llegó a un punto álgido durante la emergencia sanitaria y que continúa sin freno.
Una muestra reciente de este problema ocurrió en el Batallón del Suburbio de Guayaquil. Una farmacia clandestina guardaba más de 5 700 fármacos y de estos 3 000 medicamentos eran caducados, 500 sustraídos de hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) y otros se presume que provienen de contrabando, pues los registros sanitarios son de Perú. Se encontraron cajas con fechas de vencimiento desde el año 2000. Todos estaban listos para su venta, pese a que eran medicinas que se prohíben para el comercio.
Pero este no es un hecho aislado. Algunos ejemplos: En Quito, cerca del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), se detectaron más de 9 800 productos irregulares, entre dispositivos médicos sin registro sanitario, productos caducados y muestras médicas que no deben comercializarse.
En Durán, la Policía y la Arcsa retiraron más de 2 200 fármacos y dispositivos médicos, entre ellos ampollas de fentanilo, tramadol, anestésicos, analgésicos, antibióticos, sueros, catéteres, sondas, entre otros. Y en Guayaquil también aparecieron productos hospitalarios caducados.
Este fenómeno se repite en varias ciudades del país. Solo entre agosto y septiembre de 2025, la Arcsa inspeccionó 595 farmacias cercanas a 200 hospitales de la Red Pública y Privada Complementaria. El resultado: 32 503 productos irregulares entre medicamentos, dispositivos médicos, suplementos y homeopáticos. Su denominador común: estaban caducados, sin registro sanitario, con empaques adulterados o eran muestras médicas prohibidas para la venta. Sin embargo, de todos esos locales que se inspeccionaron, apenas ocho se clausuraron, según Arcsa.
¿Por qué sucede esto? La respuesta está en la forma en que se contrata y gestiona el sistema de salud. La Contraloría ha documentado contratos fraudulentos en hospitales del IESS y el MSP.
Entre 2018 y 2022, por ejemplo, detectó irregularidades por 15,9 millones de dólares. En el Teodoro Maldonado Carbo se identificó un perjuicio de 1,4 millones de dólares en compras de prótesis e insumos que no se usaron.
El círculo cierra con la venta ilegal. Las medicinas caducadas o robadas entran al mercado negro y se ofrecen en farmacias improvisadas, carpas o incluso por redes sociales. No se trata de simples comerciantes irregulares. Son redes delictivas que operan gracias a filtraciones internas de los hospitales.
El costo es enorme. El Estado pierde millones de dólares. Los pacientes sufren desabastecimiento en hospitales y se arriesgan a consumir medicinas vencidas o adulteradas en la calle. Y la confianza ciudadana en las instituciones se erosiona cada día más.
La corrupción en salud no es un tema administrativo. Es un delito que pone en riesgo vidas. Por eso urge un sistema de trazabilidad en tiempo real, transparencia total en las contrataciones y sanciones ejemplares. Además, se deben establecer protocolos de colaboración obligatorios entre Arcsa-MSP, Policía, Fiscalía y la Contraloría. Los hallazgos de una entidad deben activar de manera automática procesos de investigación y sanción en las otras, eliminando cuellos de botella y fragmentación de la respuesta.
No es posible que se dejen vencer los plazos en casos de presunta corrupción, como el de los convenios de pago millonarios en el Teodoro Maldonado y los Ceibos, de Guayaquil, que denunció la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).
Porque cada caja de medicinas caducadas encontrada en una bodega o en una farmacia ilegal es un recordatorio de que en Ecuador, la corrupción también mata.
Fuente: https://www.elcomercio.com/