El Consejo de Administración Legislativa (CAL) califica proyectos de ley económica sobre minería, energía y gasto público
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó dos proyectos de ley económica urgente remitidos por el Ejecutivo, este domingo 1 de febrero.
Las iniciativas fueron presentadas por el Daniel Noboa el 27 de enero de 2026 y forman parte de la agenda de reformas estructurales. Según el Ejecutivo, están orientadas al crecimiento, la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del Estado ecuatoriano.
Trámite legislativo y sustento constitucional
La calificación del CAL se sustentó en los informes técnico-jurídicos no vinculantes emitidos por la Unidad Técnica Legislativa.
Estos determinaron que los proyectos cumplen los requisitos establecidos en la Constitución del Ecuador y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Este paso habilita el proceso legislativo dentro de los plazos previstos para proyectos urgentes en materia económica, un mecanismo clave para dinamizar la política pública.
Ambas propuestas serán tramitadas en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Esta instancia se encargará de analizar el impacto económico, productivo y fiscal de las reformas planteadas.
Reforma minera y energética para atraer inversión
El primer proyecto corresponde a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. La propuesta, según el Gobierno, es modernizar el marco legal del sector minero-energético.
La normativa busca atraer inversión nacional y extranjera mediante seguridad jurídica, eficiencia regulatoria y reglas claras para los operadores.
Además, esta reforma apunta a maximizar los ingresos fiscales, fortalecer el suministro eléctrico y consolidar la estabilidad económica del Estado.
Reglas fiscales para los Gobiernos Autónomos Descentralizados
La segunda iniciativa plantea una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
El proyecto incorpora reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto público, con énfasis en preservar recursos para inversión, mantenimiento de infraestructura y provisión eficiente de servicios públicos.
Entre los puntos clave, se establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán destinar al menos el 70% de su presupuesto de inversión al mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios, alineando la planificación territorial con la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
Fuente: https://www.elcomercio.com/