CAL calificó juicio político contra tres exconsejeros y una consejera del Cpccs por presunto incumplimiento de funciones.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud de juicio político presentada contra tres exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (pccs): Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, así como contra la actual consejera Nicole Bonifaz.
Los cuatro fueron parte del pleno del Cpccs que votó el 22 de enero de 2025 una moción relacionada con la Superintendencia de Bancos. Esta acción fue observada por supuestamente no ajustarse al contenido de una sentencia de la Corte Constitucional. La solicitud fue remitida a la Comisión de Fiscalización para su trámite correspondiente.
La acusación fue presentada por el asambleísta Fausto Fernández, del movimiento ADN. Él sostiene que los consejeros incurrieron en un posible incumplimiento de funciones al aprobar una interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional.
Según el expediente, esta interpretación llevó al Cpccs a posesionar a Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos. En el mismo acto, se revocó la posesión de Roberto Romero Von Buchwald, previamente posesionado en ese cargo.
Moción presentada contra exconsejeros del Cpccs para el juicio político
Entre los documentos entregados a la Asamblea consta la moción presentada por Augusto Verduga durante la sesión del 22 de enero. En esta propuesta se ratifica la designación de Raúl González Carrión como autoridad de la Superintendencia de Bancos, con un período de cinco años, contado desde agosto de 2022.
También se reconoce la validez del nombramiento de Roberto Romero Von Buchwald, pero con vigencia posterior al período de González. El objetivo, según el texto, era no afectar las expectativas legítimas de Romero.
A favor de esta moción votaron los exconsejeros Verduga, Franco Loor y Saltos, junto con la consejera Bonifaz. Con esa votación, el pleno del Cpccs dio paso a la posesión de González Carrión.
El expediente señala que esta decisión fue adoptada con base en una interpretación de una sentencia constitucional. La acusación plantea que esa atribución no correspondía al Cpccs.
Documentos adicionales y proceso pendiente
En el expediente también se incluyen conversaciones recogidas en el caso conocido como Ligados. Según el legislador proponente, esos mensajes mostrarían una coordinación para actuar sobre instituciones como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura.
Estos elementos fueron agregados al proceso para sustentar el pedido de juicio político. La acusación indica que se busca establecer la responsabilidad política de los involucrados.
Aunque el CAL ya calificó el pedido, el juicio no se tratará de inmediato en la Comisión de Fiscalización. Actualmente, otros procesos se encuentran en trámite en esa mesa legislativa. Por esta razón, el tratamiento de esta causa podría postergarse. Su análisis quedaría para el nuevo periodo legislativo que comenzará el 13 de mayo de 2025.
Fuente: https://www.elcomercio.com/