El proyecto fija penas por desplazamiento forzado y cambia las reglas para la venta anticipada de bienes incautados.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate, este lunes 9 de noviembre de 2026, el proyecto de Ley Antimafias con 85 votos a favor y 61 en contra. La reforma eleva hasta 60 años el límite de acumulación de penas de cárcel en determinados casos e incorpora al Código Orgánico Integral Penal (COIP) los delitos de desplazamiento interno forzado y confinamiento forzado por violencia criminal.
Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea, impulsó el proyecto. Tras un debate en el que intervinieron 18 legisladores, Inés Alarcón, ponente del informe de la Comisión de Seguridad Integral, propuso al Pleno aprobar el texto íntegro, según el comunicado legislativo.
¿Cuándo podrán acumularse hasta 60 años de cárcel?
El proyecto mantiene el límite general de 40 años y fija una excepción. Para superar ese plazo deben concurrir tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, y la suma de las penas que el juez determine para cada uno debe superar los 40 años.
En esos casos, la pena acumulada podrá llegar hasta el doble de la condena más grave, con un máximo de 60 años.
Qué penas fija la Ley Antimafias por desplazamiento y confinamiento
El desplazamiento interno forzado por violencia criminal tendrá una pena de siete a diez años de cárcel. La sanción se aplicará a quien, como parte de la actividad de un grupo de delincuencia organizada, obligue a una persona a abandonar su lugar de residencia y a desplazarse dentro de Ecuador.
También alcanzará a quien, en esas condiciones, impida u obstaculice el retorno de las personas desplazadas.
El confinamiento forzado tendrá una pena de cinco a siete años. El delito se configura cuando una persona, como parte de la actividad de un grupo criminal, restringe los accesos o las vías de un sector mediante violencia, amenazas graves, intimidación o coacción y obliga a dos o más habitantes a permanecer allí contra su voluntad.
Así cambia para quienes dirigen o apoyan a grupos criminales
El proyecto fija penas de 26 a 30 años para quienes dirijan, controlen o financien de forma permanente o reiterada una organización criminal. El rango sube a entre 30 y 34 años cuando el grupo tenga como propósito cometer ciertos delitos, entre ellos sicariato, secuestro, terrorismo, narcotráfico o lavado de activos.
El texto también contempla penas de diez a trece años para quienes recluten a adultos con el fin de que cometan delitos para el grupo o faciliten, a sabiendas, inmuebles o vehículos para sus operaciones.
Además, prevé la inhabilitación de abogados y contadores condenados por determinados delitos si el juez establece que usaron deliberadamente su profesión para cometerlos, facilitarlos u ocultarlos como integrantes o colaboradores de una organización criminal.
Qué cambia para los delitos con combustibles
La reforma establece penas por escala para el transporte, almacenamiento, comercialización y otras operaciones ilegales con hidrocarburos y sus derivados. El máximo de la escala aplicable aumentará en un tercio si la conducta busca financiar o facilitar las actividades de una organización criminal.
El proyecto también sanciona la extracción clandestina y la sustracción de hidrocarburos. En esos casos, el máximo de la escala aumentará en un tercio si la conducta causa daños a la infraestructura o al ambiente, interrumpe el funcionamiento de las instalaciones o genera un peligro concreto para la vida o la integridad de las personas.
Cómo funcionará la cooperación eficaz y qué datos de jueces se podrán proteger
Las personas investigadas o procesadas por delincuencia organizada podrán acceder a una reducción de pena si entregan información verificable que permita obtener resultados concretos, como capturar a dirigentes, recuperar activos o desarticular total o parcialmente a un grupo criminal.
El juez deberá comprobar la eficacia del aporte. La reducción excluye las penas por delitos contra la vida y contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes.
Si un juez recibe amenazas vinculadas con una causa de delincuencia organizada, la reforma permite restringir el acceso público a sus datos de contacto, localización y biometría. Las partes del proceso conservarán el acceso a su identidad, cargo y competencia.
Lo que pasa con los bienes incautados y qué sigue
Un juez podrá autorizar la venta anticipada de bienes incautados, previo informe técnico y avalúo actualizado, cuando exista riesgo de deterioro o de pérdida significativa de valor, o cuando el costo de conservarlos sea manifiestamente desproporcionado frente a su valor.
El dinero de la venta quedará sujeto al resultado del proceso. La reforma también permite asignar temporalmente determinados bienes a entidades públicas u organizaciones sin fines de lucro mediante convenios de uso, por ejemplo, para fines comunitarios, educativos o sanitarios.
Tras la aprobación del Pleno, corresponde a la Asamblea enviar el proyecto al presidente Daniel Noboa, quien podrá sancionarlo u objetarlo. El texto prevé que las reformas entren en vigor con su publicación en el Registro Oficial.
Fuente: https://www.elcomercio.com/