10 años después del terremoto en Manabí persisten obras inconclusas fallas en prevención y efectos económicos sin resolver.
Ricardo Andrade estaba en el tercer piso de su casa en Portoviejo cuando empezó el movimiento. No pudo salir. El piso se sacudía con tal fuerza que no lograba mantenerse en pie y la única decisión que tomó fue lanzarse debajo de una cama. En la sala, su madre hacía lo mismo, intentando protegerse sin saber cuánto iba a durar. El terremoto del 16 de abril de 2016, a las 18:58, no dio margen para reaccionar. Solo permitió resistir hasta que todo se detuvo.
El miedo que no terminó con el terremoto de Manabí el 16 de abril de 2016 en Ecuador
Cuando el movimiento terminó, no hubo una comprensión inmediata de lo que había ocurrido. Andrade recuerda que la adrenalina dominó ese momento y que no alcanzó a dimensionar la magnitud del desastre. Fue después, con las réplicas, con el ruido de la ciudad alterada y con las primeras imágenes de destrucción, cuando empezó a entender que lo que había vivido no era un evento aislado, sino una tragedia que había golpeado a toda una región.
Ese terremoto de magnitud 7.8 dejó 673 fallecidos, miles de heridos y ciudades devastadas en Manabí y Esmeraldas. 10 años después, la memoria de ese día sigue presente, no solo en quienes lo vivieron, sino en las estructuras que no se han reconstruido y en los problemas que el país no logró resolver.
Con el paso de los días, el impacto dejó de ser únicamente físico y empezó a instalarse en lo cotidiano. Andrade cuenta que su madre desarrolló un miedo constante a permanecer en espacios altos, especialmente en el tercer piso donde ocurrió todo. Lo que antes era parte de la rutina se convirtió en un lugar que evitaba, porque la sensación de que el suelo podía volver a moverse en cualquier momento nunca desapareció.
Esa percepción no se limitó a su familia. Andrade describe que en la ciudad existía una alerta permanente, una especie de tensión colectiva que se activaba con cualquier vibración. Las réplicas reforzaban esa sensación de inestabilidad y hacían que el miedo no se disipe con facilidad. La normalidad no regresó de forma inmediata, no solo por los daños visibles, sino por el impacto emocional que dejó el terremoto.
Para Andrade, esa experiencia cambió la forma de percibir el entorno. El terremoto no solo alteró el espacio físico, sino también la relación con ese espacio. La seguridad dejó de ser un elemento dado y pasó a ser una incertidumbre constante.
Una ciudad que aún muestra las secuelas
10 años después, Andrade sigue viendo las huellas del terremoto en Portoviejo. En el centro de la ciudad existen terrenos baldíos donde antes funcionaban edificios, espacios vacíos que permanecen como evidencia de lo ocurrido. Estos lugares no solo representan una ausencia física, sino también una interrupción en la dinámica urbana que no se ha resuelto completamente.
El impacto también fue económico. Andrade explica que muchos comerciantes no lograron recuperar sus negocios y que algunos no pudieron volver a empezar. La actividad comercial se debilitó y la recuperación no avanzó al mismo ritmo para todos, lo que generó diferencias marcadas entre quienes lograron reactivarse y quienes quedaron fuera del proceso.
A ese escenario se sumó la pandemia, que agravó la situación económica de la ciudad. Para Andrade, Portoviejo enfrenta una doble afectación que dificulta cerrar el proceso de recuperación. La reconstrucción no se limita a levantar estructuras, sino a recuperar la capacidad de sostener la vida cotidiana.
Un país que no logró pasar de la reacción a la prevención
Christian Rivera, gestor de Riesgos, sostiene que Ecuador mantiene un enfoque centrado en la respuesta y no en la prevención frente a desastres. Explica que el país no cuenta con una estructura que permita aplicar políticas de reducción de riesgos y que esto lo mantiene alejado del enfoque internacional, que prioriza la anticipación como herramienta para disminuir impactos.
Rivera señala que la gestión de riesgos no tiene el nivel institucional que debería dentro del Estado. Afirma que esta área debería tener una relación directa con la Presidencia de la República y participar en la toma de decisiones estratégicas, pero en la práctica no cumple ese rol. Esta debilidad limita la capacidad del Estado para planificar y ejecutar políticas sostenidas en el tiempo.
Además, indica que la prevención no es una prioridad para las autoridades, lo que se traduce en falta de recursos, equipamiento y planificación. Esta ausencia de enfoque preventivo mantiene al país en una condición de vulnerabilidad frente a eventos que forman parte de su realidad geográfica.
Las lecciones que no se terminaron de aplicar
Rivera advierte que, tras el terremoto, no se corrigieron problemas estructurales en el crecimiento urbano. Explica que los municipios no desarrollaron regulaciones claras ni establecieron mecanismos efectivos para controlar el uso del suelo, lo que permitió que las ciudades continúen expandiéndose sin orden.
El especialista señala que muchas construcciones se realizan sin permisos ni supervisión técnica, lo que implica que la norma ecuatoriana de la construcción no se aplica en la práctica. Esta situación incrementa el riesgo estructural, ya que las edificaciones no cumplen criterios técnicos adecuados para resistir sismos.
También menciona que en algunas zonas el uso del suelo ha cambiado hacia actividades ilícitas, lo que evidencia que la falta de control no solo afecta la infraestructura, sino también la organización del territorio. Para Rivera, estas condiciones muestran que las lecciones del terremoto no se han aplicado de forma integral.
La reconstrucción no podía basarse solo en levantar infraestructura
El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, señala que la lección más profunda que dejó el terremoto es que la reconstrucción no podía basarse únicamente en levantar bloques y cemento, sino que requería ciencia, datos fidedignos y una visión integral del territorio. Explica que antes del 16 de abril de 2016 se construía sin conocer realmente el suelo, lo que provocó afectaciones severas durante el sismo, como las asociadas a fenómenos de licuefacción.
Pincay indica que, a partir de esa experiencia, se entendió que Portoviejo debía resurgir como una ciudad resiliente, pensada desde y para la gente. Este enfoque implicó un cambio en la forma de abordar la planificación, pasando de una lógica centrada en la reacción ante la tragedia hacia una planificación a largo plazo que incorpore criterios técnicos y sociales.
En ese proceso, el Municipio impulsó una microzonificación sísmica para determinar con precisión dónde y cómo se debe construir en el cantón. Además, evolucionó del Plan Portoviejo 2035 al Plan Portoviejo 2050, que integra estrategias de desarrollo económico y adaptación al cambio climático. Pincay sostiene que, a partir de estos cambios, la planificación territorial y la seguridad estructural se consolidan como elementos fundamentales.
La informalidad en la construcción marcó la vulnerabilidad de la ciudad
Pincay explica que el terremoto dejó en evidencia deficiencias críticas en la forma en que crecía la ciudad. Señala que el diagnóstico posterior al sismo identificó que la mayor vulnerabilidad de las edificaciones estuvo relacionada con la informalidad y la falta de rigor técnico en los procesos constructivos.
El alcalde detalla que se detectaron obras sin permisos municipales, uso de materiales de baja resistencia, sistemas constructivos inadecuados para una zona sísmica y el incumplimiento de la Norma Ecuatoriana de Construcción. Además, menciona que algunas edificaciones colapsaron por sobrecargas al ser destinadas a usos comerciales para los que no habían sido diseñadas.
Para corregir estas fallas, Pincay señala que el Municipio implementó un sistema de control basado en tres ejes. En el ámbito legal, se aprobaron ordenanzas técnicas que exigen mayor rigor desde la concepción de los proyectos. En el ámbito técnico, se establecieron controles en obra en etapas específicas, mientras que en el ámbito social se involucró a gremios, universidades y ciudadanía, con el objetivo de generar mayor conciencia sobre los riesgos de la construcción informal.
Fallas estructurales que explican por qué colapsaron las edificaciones
Verónica Miranda, directora de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Internacional del Ecuador, explica que el terremoto dejó en evidencia fallas críticas en edificaciones de hormigón armado que no lograron resistir el movimiento.
Señala que muchas estructuras presentaban columnas débiles y plantas bajas sin muros estructurales, lo que redujo su capacidad de soportar cargas laterales. Este tipo de configuraciones, comunes en edificaciones con locales comerciales o parqueaderos en la planta baja, generó puntos de debilidad que terminaron en colapsos durante el sismo.
Miranda detalla que también se registraron fallas por corte en vigas y columnas, lo que impidió que las estructuras disipen la energía sísmica de forma adecuada. Explica que este tipo de fallas ocurre cuando los elementos estructurales no tienen la resistencia suficiente para soportar esfuerzos transversales, lo que provoca rupturas bruscas en lugar de deformaciones controladas. Este comportamiento, conocido como colapso frágil, incrementa el riesgo para las personas porque reduce el tiempo de reacción durante un evento sísmico.
Además, la ingeniera señala que los problemas no se limitaron al diseño, sino que también incluyeron la calidad de los materiales y las prácticas constructivas.
Indica que en algunos casos se utilizó arena con salinidad, lo que provocó corrosión en el acero de refuerzo, y que no siempre se respetaron las especificaciones técnicas en obra. Para Miranda, el colapso observado durante el terremoto respondió a una combinación de errores que se acumularon en todo el proceso constructivo.
La norma sísmica avanzó, pero su aplicación sigue siendo desigual
Miranda sostiene que la norma ecuatoriana de la construcción no falló como instrumento técnico, sino que el problema radicó en su falta de aplicación en muchos casos.
Explica que después del terremoto se introdujeron cambios importantes que fortalecen el diseño sismorresistente, como la exigencia de estudios de suelo y el refuerzo en los criterios estructurales para nuevas edificaciones. Estas modificaciones buscan reducir el riesgo ante futuros eventos sísmicos.
Sin embargo, la ingeniera advierte que estos avances no se reflejan de manera uniforme en todo el país. Señala que la fiscalización de obras sigue siendo limitada y que muchas construcciones se realizan sin supervisión técnica, especialmente en el ámbito de la autoconstrucción. Esta situación genera una brecha entre lo que establece la normativa y lo que ocurre en la práctica.
Para Miranda, mientras no exista un control efectivo y una cultura de cumplimiento de la norma, la vulnerabilidad estructural se mantiene. La existencia de una regulación técnica no garantiza seguridad si no se aplica de forma rigurosa en todos los niveles de construcción.
El terremoto confirmó cómo se acumula y se libera la energía sísmica
La sismóloga, Alexandra Alvarado, explica que el terremoto del 2016 confirmó la existencia de zonas de fuerte acople tectónico en la costa ecuatoriana. Señala que estas zonas corresponden a segmentos donde las placas tectónicas permanecen trabadas durante largos periodos, acumulando energía hasta liberarla de forma repentina en un sismo de gran magnitud.
Este comportamiento ya se había identificado previamente, pero el evento permitió comprobarlo con mayor precisión.
Alvarado detalla que el terremoto permitió analizar con mayor claridad el proceso de ruptura, es decir, cómo se inicia y se propaga el movimiento a lo largo de la falla. Explica que este proceso no se limita al momento del sismo, sino que incluye deformaciones posteriores en la corteza terrestre, lo que forma parte de un ciclo sísmico continuo. Esta comprensión resulta clave para interpretar la dinámica geológica de la región.
También menciona que el evento permitió identificar fenómenos como los sismos lentos, que no son perceptibles para la población, pero que reflejan desplazamientos progresivos en la zona de subducción. Estos procesos aportan información relevante sobre cómo se distribuye la energía en el tiempo y cómo se comporta el sistema tectónico.
El suelo fue determinante en la magnitud de los daños
Alvarado explica que el tipo de suelo influyó directamente en la intensidad de los daños registrados durante el terremoto. Señala que en zonas como Tarqui, en Manta, se registraron afectaciones más severas, mientras que sectores cercanos presentaron un comportamiento distinto, pese a la proximidad geográfica. Esta variación evidencia que el impacto del sismo no fue uniforme.
La sismóloga indica que existieron edificaciones similares ubicadas una junto a otra, donde unas colapsaron y otras resistieron. Explica que esta diferencia responde tanto a las características del suelo como a la calidad de la construcción, lo que demuestra que la magnitud del daño depende de múltiples factores y no únicamente de la intensidad del movimiento.
Este comportamiento refuerza la importancia de realizar estudios geotécnicos y de microzonificación sísmica en las ciudades, con el fin de identificar las zonas más vulnerables y orientar la planificación urbana en función de esas condiciones.
La ruptura del terremoto se extendió por una amplia zona
Mario Ruiz, sismólogo, explica que el terremoto no liberó su energía en un solo punto, sino en un área extensa de aproximadamente 100 kilómetros de longitud y 40 kilómetros de ancho. Señala que este comportamiento responde a la liberación de energía en segmentos denominados asperezas, que acumulan tensión hasta que se produce la ruptura.
Ruiz detalla que la ruptura se inició al norte de Pedernales y se propagó hacia el sur, en dirección a Jama. Esta propagación influyó en la distribución de los daños en ciudades como Manta y Portoviejo, lo que evidencia que la dinámica del sismo tiene efectos diferenciados según la dirección en la que se desarrolla.
Además, señala que existen otros segmentos de la zona de subducción que continúan acumulando energía, lo que implica la posibilidad de futuros eventos sísmicos. Este escenario confirma que Ecuador se encuentra en una región con actividad tectónica permanente.
Los suelos blandos amplificaron las aceleraciones sísmicas
Ruiz explica que los suelos blandos tienen la capacidad de amplificar las aceleraciones sísmicas hasta dos o tres veces más que los suelos consolidados. Este fenómeno provoca que ciertas zonas experimenten movimientos más intensos, incluso si no se encuentran cerca del epicentro del sismo.
El sismólogo señala que esta amplificación depende de las propiedades del suelo y de las frecuencias de las ondas sísmicas. En suelos no consolidados, las ondas pueden aumentar su intensidad y generar mayores daños en las estructuras, lo que explica por qué algunas áreas presentan niveles de destrucción más altos que otras.
Desde su perspectiva, este comportamiento hace necesario desarrollar estudios de microzonificación sísmica que permitan identificar las características del terreno en cada ciudad y orientar las decisiones de construcción en función de esos resultados.
El terremoto dejó pérdidas económicas y afectó la producción
El economista Jorge Altamirano explica que el terremoto generó pérdidas estimadas en aproximadamente 3.300 millones de dólares, lo que representa entre el 0,7% y el 0,8% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Señala que, aunque inicialmente se manejaron cifras más altas, los análisis posteriores permitieron precisar el impacto real, que sigue siendo significativo en términos absolutos.
Altamirano indica que el evento provocó una pérdida de capital productivo debido a los daños en infraestructura, maquinaria y viviendas. Esta situación redujo la capacidad de producción en varias zonas del país y generó la pérdida de aproximadamente 21 000 empleos, lo que afectó directamente al mercado laboral en las áreas más impactadas.
Además, señala que el terremoto profundizó vulnerabilidades económicas que ya existían, en un contexto marcado por la caída del precio del petróleo desde 2014, lo que agravó las condiciones económicas del país.
Sectores afectados y medidas económicas de emergencia
Altamirano detalla que sectores como la manufactura, la agricultura, la pesca y el comercio registraron impactos directos tras el terremoto. Explica que se paralizaron fábricas, se afectaron cadenas productivas y se generaron pérdidas en exportaciones, lo que debilitó la actividad económica en las zonas afectadas.
En el sector rural, señala que hubo daños en tierras, ganado e infraestructura, lo que afectó especialmente a pequeños productores y redujo la capacidad de producción. También indica que en zonas como Tarqui, en Manta, la destrucción del mercado dejó a miles de personas sin ingresos diarios.
Sobre las medidas adoptadas, explica que el aumento del IVA, las contribuciones solidarias y el endeudamiento permitieron responder a la emergencia y movilizar recursos de forma rápida. Sin embargo, advierte que estas decisiones no fueron sostenibles en el largo plazo, ya que se basaron en medidas de corto plazo y no en mecanismos estructurales de prevención económica.
Fuente: https://www.elcomercio.com/