Daniel Noboa envió a la Asamblea dos proyectos de ley económicos urgentes sobre GAD, minería y energía.
El gobierno del presidente Daniel Noboa presentó este miércoles 28 de enero de 2026 ante la Asamblea Nacional dos nuevos proyectos de ley económicos urgentes. Las propuestas fueron ingresadas en Quito por el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, y corresponden a los primeros proyectos de este tipo enviados por el Ejecutivo en lo que va del año.
Dos iniciativas económicas urgentes enviadas por Daniel Noboa a la Asamblea Nacional
Herrería había anunciado previamente que el Gobierno presentaría varias leyes urgentes tras los resultados del último referéndum y consulta popular.
Los dos proyectos remitidos este miércoles se refieren al fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, y a una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
El primer proyecto está orientado al fortalecimiento de los sectores estratégicos de la minería y la energía, e incluye reformas al sector minero.
El segundo plantea cambios al Código Orgánico de Organización Territorial con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
La última ley económica urgente tramitada por la Asamblea fue enviada el 1 de octubre de 2025 y fue aprobada a finales de ese mes. Esa norma estuvo relacionada con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Fundamento constitucional del envío simultáneo
Según la Constitución, el presidente de la República puede enviar un solo proyecto de ley económico urgente a la vez, cuyo trámite no puede exceder los 30 días. No obstante, Herrería explicó que, al encontrarse el país en estado de excepción, el Ejecutivo tiene la facultad de presentar hasta dos proyectos de esta naturaleza de manera simultánea.
El secretario jurídico sostuvo que ambas propuestas cumplen con el principio de unidad de materia, por lo que, a su criterio, no deberían enfrentar impedimentos para su tratamiento inmediato en la Asamblea Nacional.
Reforma para los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Según el Ejecutivo, la falta de obra pública y de desarrollo social en los gobiernos locales genera presión sobre el Estado central, que, por su situación económica, no siempre puede cubrir esas deficiencias. Herrería señaló que en 2024 el gasto en ejecución de obras y provisión de servicios básicos, como agua potable, saneamiento e infraestructura local, representó en promedio menos del 39% del presupuesto total de los GAD.
El proyecto establece una regla para que los gobiernos locales destinen un mínimo del 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. El texto señala que se trata de una regla fiscal con mecanismos de trazabilidad, control y rendición de cuentas.
Cambios para minería y energía
En cuanto al proyecto de fortalecimiento de los sectores minero y energético, Herrería hizo referencia a una sentencia de la Corte Constitucional del 11 de diciembre de 2025. En ese fallo, el organismo declaró inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que permitía concesionar servicios a empresas privadas bajo una causal amplia de “interés público”.
Según la Corte, esa disposición no establecía límites ni criterios claros para justificar la delegación en un sector estratégico como el eléctrico. Herrería afirmó que el Ejecutivo es respetuoso de la institucionalidad y del Estado de derecho, y señaló que el nuevo proyecto incorpora normas explícitas para la inversión del sector privado en el área energética.
El secretario jurídico indicó que estas disposiciones buscan asegurar la provisión de energía y permitir que existan recursos para que el Estado participe en la producción energética. Añadió que, cuando los costos del Estado sean mayores, el sector privado podría proveer el servicio.
Propuesta sobre el sector minero
Sobre minería, Herrería sostuvo que la normativa vigente impide la celeridad de la inversión en ese sector. El proyecto plantea modificar ese marco para que exista un retorno inmediato de recursos y tributos al Estado por la extracción de minerales.
Las dos iniciativas ingresadas este 28 de enero inician ahora su trámite en la Asamblea Nacional bajo el procedimiento de leyes económicas urgentes, que establece plazos reducidos para su análisis y resolución.
Fuente: https://www.elcomercio.com/