La reforma requiere mecanismos más exigentes para seleccionar candidatos, criterios de probidad, transparencia interna en los partidos y controles ciudadanos.
La pregunta C del referendo de 2025 plantea reducir el número de asambleístas y elegirlos según nuevos criterios. La propuesta fija 10 nacionales, uno por provincia y un adicional por cada 400 000 habitantes. De aprobarse, la Asamblea pasaría de 151 a 73 miembros.
El Gobierno sostiene que el actual sistema genera distorsiones, porque asigna escaños fijos sin tomar en cuenta el peso poblacional. En efecto, provincias pequeñas tienen hoy la misma base de representación que otras con más habitantes. Esa desproporción afecta la equidad del voto, aunque la raíz del problema es más profunda: la baja calidad de la representación política.
La reducción de curules tendrá un efecto administrativo y económico. Habrá menos salarios, asesores, asistentes y gastos de operación. Pero no cambiará el funcionamiento político del país si no se acompañan otras reformas claves.
La ciudadanía asocia la medida con castigo a un poder desprestigiado. El mal desempeño legislativo y los constantes cambios de partido -el transfuguismo, cuando un asambleísta abandona la organización con la que fue electo- han deteriorado la imagen de la Asamblea Nacional. Esa percepción explica por qué la propuesta genera respaldo.
Como ocurre en otros países, los parlamentos funcionan mejor cuando tienen representantes mejor elegidos, formados y fiscalizados. Los estándares de transparencia, el debate técnico y la rendición de cuentas son los que elevan la calidad de la democracia.
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