El Cpccs se creó con la Constitución de Montecristi. Años después sigue el debate en torno a su posible eliminación.
El 20 de octubre de 2025 se cumplieron 17 años desde que entró en vigencia la Constitución de Montecristi (aprobada en referéndum en septiembre de 2008), que permitió la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) durante el régimen de Rafael Correa, actualmente prófugo en Bélgica.
En los textos de la Carta Política del Estado se incorporó al Cpccs con el argumento de que sería el organismo mediante el cual la ciudadanía tendría amplia participación social, pero su labor ha estado marcada por sucesivos escándalos políticos, destitución de seis presidentes y remoción de sus vocales en la Asamblea Nacional.
Constitucionalmente, su misión principal es la de promover la participación ciudadana, la transparencia y los mecanismos de control social. Durante sus años de existencia, ha enfocado sus esfuerzos en la designación de autoridades de control del Estado, entre ellas la de Contralor, Defensor del Pueblo, Fiscal, Procurador, Superintendentes, vocales del CNE, del TCE, pero muchos de esos procesos han registrado demoras.
El Cpccs atraviesa una crisis institucional, acusaciones de presunta politización y escándalos que han minado su legitimidad ante la ciudadanía, señala un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).
Esto ha llevado a que actores y líderes políticos sugieran que la atribución de designar autoridades de control esté a cargo de la Asamblea Nacional.
Este panorama también se da en un contexto en el que se debate la posible eliminación del Cpccs vía Asamblea Constituyente, argumentando que ha distorsionado la selección de autoridades y ya no cumple una necesidad real, agrega el informe de FCD.
El presidente de la República, Daniel Noboa, lo sugirió, primero, como una posibilidad en una consulta popular, pero la Corte Constitucional (CC) no le dio paso. Argumentó que el Cpccs forma parte de la estructura de la Función de Transparencia y Control Social creada en la Constitución de 2008 y que su eliminación implica desmantelar una función completa del Estado, lo que va más allá de una enmienda, y recomendaron que este cambio vaya por reforma parcial o una asamblea constituyente.
Nicole Bonifaz: “en el país debe mantenerse una institución que garantice la participación ciudadana”
Nicole Bonifaz, vocal del Cpccs, señaló que hasta que llegue ese día, el Cpccs continuará trabajando en procesos de designación de autoridades. La vocal sostiene que en el país debe mantenerse una institución que garantice la participación ciudadana y el control social.
Evalúa que en los 17 años del Cpccs, el “talón de Aquiles” ha sido la designación de autoridades y por lo que la ciudadanía no confía, aunque el pedido general es la eliminación del organismo.
La consejera opina que este pedido no ha prosperado porque hay muchas personas que son parte de veedurías, observatorios y comités de usuarios. “La gente confía en estos mecanismos y por eso el Cpccs todavía se mantiene, esta es una forma de medir cómo percibe la ciudadanía el rol del Consejo”. Sin embargo, reconoce que sí le ha quedado debiendo en la designación de autoridades.
El exvocal del Cpccs, Francisco Bravo, no cree que en el país haya malas instituciones. El problema, según su punto de vista, es que está en medio del poder Ejecutivo y Legislativo y, por tanto, no tiene autonomía económica, es decir, depende de la asignación de recursos.
Menciona que otro de los problemas que ha tenido el Cpccs es que ha sido “víctima del chantaje de juicios políticos”. Francisco Bravo refiere que para aprobar la censura y destitución de un vocal se requiere solo 77 votos. “Estos elementos han afectado el normal desenvolvimiento del Cpccs”,dijo.
Los gastos del Cpccs
Un informe del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) con corte a mayo de 2025, reveló que en 2024 el Cpccs administró $8,05 millones y ejecutó el 93% de esos recursos ($7,48 millones).
Para la FCD, esta cifra es aparentemente positiva. Es decir, la institución cumple sus funciones básicas como el pago de nómina, servicios y arrendamiento, pero tiene limitada capacidad para innovar o cumplir plenamente sus funciones estratégicas.
Desde 2009 hasta 2024, el Cpccs ha manejado un presupuesto total de $180 millones. El presupuesto más alto asignado fue de $18,7 millones en 2012 y el menor de $7,1 millones en 2020.
La mayor parte del presupuesto se destina a mantener la estructura operativa del Cpccs, principalmente en gastos de personal y la compra de bienes y servicios de consumo, dejando poco margen para inversión o nuevos proyectos.
De los $7,48 millones ejecutados, el 86% ($6,4 millones) se destinó al pago de salarios y beneficios del personal, incluidos los gastos relacionados a beneficios por jubilación. Lo que significa que, de cada 10 dólares gastados por el Cpccs, más de 8 se destinaron al pago de nómina. (SC)
Seis presidentes destituidos
- Carlos Tuárez fue destituido, el 14 de agosto de 2019, por la Asamblea Nacional por presunta arrogación de funciones.
- Christian Cruz fue destituido por la Asamblea Nacional, el 13 de octubre de 2020, por presunta falta de probidad y arrogación de funciones.
- Sofia Almeida fue removida del cargo por sus colegas del Cpccs, el 9 de febrero de 2022.
- Hernán Ulloa fue destituido del cargo, el 23 de enero de 2023, por la Corte Constitucional.
- Alembert Vera fue destituido por la Corte Constitucional, el 6 de octubre de 2023.
- Nicole Bonifaz fue separada de la presidencia del Cpccs por sus colegas consejeros, el 3 de abril de 2024.
Los escándalos en el Cpcs
Carlos Tuárez y los consejeros Walter Gómez, Victoria Desintonio, Rosa Chalá, cercanos al correísmo intentaron desconocer un fallo de la Corte Constitucional que blindaba las actuaciones del Consejo Transitorio de Julio César Trujillo. Fueron acusados de falta de probidad notoria.
Christian Cruz se vio involucrado en una polémica que lo cuestionaba por la obtención y el uso del carné que lo calificaba con el 81% de discapacidad visual y auditiva, y la obtención de su licencia tipo E que le permitía conducir vehículos pesados.
Este caso se trasladó a la Corte Nacional de Justicia, cuando la consejera María Fernanda Rivadeneira, entonces vicepresidenta del Cpccs fue demandada, en octubre de 2020, por Christian Cruz por presunta calumnia cuando ella lo acusó de haber obtenido de manera irregular un carné de discapacidad visual y auditiva.
La exconsejera del Cpccs fue condenada a seis meses de prisión por un tribunal de la CNJ. Rivadeneira apeló la decisión y la sentencia se revirtió el 3 de mayo de 2022.
El 23 de enero de 2023, la Corte Constitucional destituyó a Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Juan Javier Dávalos, David Rosero, Sofía Almeida, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, por “incumplimiento” de la sentencia de septiembre de 2022 que dispuso el nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura.
En enero de 2025, los consejeros cercanos al correísmo, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Vielka Párraga fueron destituidos de sus cargos por el Tribunal Contencioso Electoral.
En septiembre de 2025, la Asamblea Nacional destituyó al vocal Gonzalo Albán por presunto incumplimiento de funciones.
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