El choque entre el poder Ejecutivo y la Corte Constitucional desata tensión y pone en riesgo la estabilidad democrática.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Constitucional expone un delicado desequilibrio institucional que amenaza la estabilidad democrática del país.
La suspensión de 17 artículos de tres leyes impulsadas por el oficialismo detonó una serie de ataques contra la Corte, que incluyeron la marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa hacia la sede de este organismo.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por la presión política ejercida desde las más altas esferas del poder. Señaló que calificar a los jueces de “enemigos de la ciudadanía” pone en riesgo la legitimidad de las instituciones y erosiona la confianza en el sistema democrático.
El escenario se agrava porque las críticas no solo provienen de actores políticos locales, sino también de organizaciones internacionales que observan con inquietud los intentos de deslegitimar a la Corte.
El conflicto institucional y sus lecturas políticas
El especialista en comunicación política, Andrés Obando, considera que lo ocurrido constituye un “carga montón” contra la Corte, liderado por las funciones que controla Noboa.
A su juicio, el presidente no enfrenta un problema de gobernabilidad gracias al respaldo de la Asamblea, sino que aprovecha la confrontación como estrategia para expandir su influencia y enviar un mensaje de poder.
En contraste, el internacionalista, Santiago Carranco, sostiene que el verdadero contrapeso de un sistema republicano no radica en la pugna entre funciones, sino en la Constitución y el Estado de derecho. Bajo esta perspectiva, el rol de la Corte no es competir con Ejecutivo o Asamblea, sino garantizar la supremacía constitucional.
Politizar su actuación, advierte, es una distorsión que debilita la confianza ciudadana.
Ambos coinciden en que la disputa no es menor, pues marca un precedente en el que el Ejecutivo convierte a la Corte en un actor opositor. Ese cambio de narrativa puede transformar un órgano técnico en un objetivo político, lo que erosiona su legitimidad y genera inestabilidad institucional.
El abogado penalista, Juan Guzmán, cuestionó en su cuenta de X lo que considera una contradicción en la defensa de la Corte Constitucional. Señaló que, en Ecuador, quienes enarbolan el discurso del respeto democrático e institucional son los mismos que recurren a insultos.
Calificó esta actitud como “brutal” y recordó que desde hace años mantiene una postura crítica frente a la Corte Constitucional, el neoconstitucionalismo y lo que denomina “wokismo” en el sistema jurídico.
Guzmán aclaró que no se trata de defender a la Corte por ser perfecta, ya que reconoce que ha tenido múltiples imperfecciones. Enfatizó que el respaldo a esta institución responde a su rol como la última pieza del diseño institucional que se mantiene independiente.
Según dijo, esa defensa expresa el mensaje ciudadano de evitar que se repita un régimen totalitario. Frente a ello, calificó como una pretensión el intento de algunos de blindar ideológicamente a la Corte. Sostuvo que se busca presentarla como un espacio intocable de superioridad moral.
Juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional
La propuesta de someter a juicio político a los jueces constitucionales es uno de los puntos más sensibles de la agenda oficialista. Obando interpreta esta iniciativa como un intento de intimidación, destinado a condicionar decisiones futuras o incluso a reemplazar al tribunal. Explica que la narrativa de que “nadie controla a la Corte” sirve para justificar la consulta.
Carranco advierte que el mecanismo pondría en riesgo la independencia judicial, al someter a jueces designados por méritos técnicos a las mayorías coyunturales de la Asamblea. Recuerda experiencias internacionales en las que reformas similares derivaron en la subordinación de las cortes al poder político, debilitando el Estado de derecho.
El constitucionalista Edison Guarango también cuestiona la propuesta. Considera que resulta una “desfachatez jurídica” permitir que jueces de la más alta instancia sean censurados y destituidos a través de juicio político con mayoría absoluta, cuando otras autoridades requieren mayorías calificadas.
Sostiene que, si se impulsara un cambio de este tipo, debería hacerse mediante una reforma parcial o una nueva Constitución.
La marcha de Daniel Noboa, un punto de inflexión
El 12 de agosto, Daniel Noboa encabezó una marcha inédita hacia la Corte Constitucional, lo que trasladó la disputa institucional al terreno de la calle. Para Carranco, se trató de un intento de presión política contra un órgano que debería actuar con independencia y no bajo el escrutinio de movilizaciones populares organizadas por el poder.
Obando afirma que el acto consolidó el respaldo de los simpatizantes más cercanos a Noboa, pero también multiplicó las críticas, incluso desde sectores anticorreístas. Varios líderes de opinión empezaron a comparar al actual mandatario con Rafael Correa, advirtiendo un estilo de confrontación que antes rechazaban.
El costo político también se reflejó en el plano internacional. Organismos y ONG que cuestionaron a Correa en el pasado ahora dirigieron sus críticas hacia Noboa.
Pablo Rosales, analista político, considera que la estrategia de Noboa busca colocar a la Corte Constitucional en una lógica de confrontación directa, similar a la que mantiene con la Asamblea.
Señala que el Presidente intenta que el máximo tribunal responda en sus mismos términos, pero hasta ahora la Corte ha optado por sostener su independencia y procesar los temas en clave jurídica más que política.
Para Rosales, esa resistencia de la Corte a entrar en el juego presidencial refleja que, aunque Noboa intenta marcar el ritmo del conflicto, no ha conseguido doblegar la institucionalidad.
La Corte Constitucional actúa en el marco de sus competencias y no debe ser posicionada como enemiga
Tanya Torres, abogada constitucionalista y docente de la UIDE, explicó que la suspensión de 17 artículos de las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública no implica que la Corte Constitucional se haya arrogado funciones, sino que actuó en el marco de sus atribuciones para precautelar derechos ciudadanos. Aclaró que la suspensión es temporal y no constituye un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las normas.
La jurista advirtió que el riesgo jurídico radica en presentar a la Corte como un enemigo político cuando en realidad cumple un rol de protección constitucional. También señaló que la propuesta de juicio político a los jueces, al depender de la Asamblea, introduce un factor de confrontación que pone en peligro la independencia de la Corte y el equilibrio institucional.
Torres enfatizó que los jueces de la Corte son seleccionados por méritos y trayectoria, no por procedimientos políticos, y que, si bien sus fallos pueden ser discutidos, es fundamental preservar la autonomía de la institución para evitar un debilitamiento democrático.
Polarización y capital político
La confrontación institucional se suma a una polarización que ya estaba presente en la sociedad ecuatoriana. Obando observa que este escenario beneficia a los dos polos más marcados: por un lado, Rafael Correa aprovecha para criticar al gobierno; por otro, Noboa capitaliza el rol de antagonista del correísmo. Sin embargo, resalta que el segmento moderado continúa sin un liderazgo visible.
Carranco señala que cuando se atacan órganos técnicos, las instituciones pierden legitimidad y la ciudadanía empieza a percibirlas como irrelevantes o enemigas. En su criterio, este proceso debilita el tejido democrático y genera una sensación de vacío institucional que afecta la gobernabilidad.
Ambos coinciden en que la pugna entre poderes no genera ganadores claros. Mientras los polos aprovechan la confrontación, el Estado como conjunto pierde autoridad, y con él, la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.
La mirada constitucional, una independencia en riesgo
Guarango pone el foco en los riesgos de una confrontación que vaya más allá de la crítica legítima. Para él, cuestionar fallos de la Corte está dentro del debate democrático, pero convertir esas críticas en ataques directos erosiona la seguridad jurídica y pone en entredicho la confianza ciudadana en las instituciones.
El constitucionalista recuerda que los jueces constitucionales fueron designados con altos requisitos profesionales y deben actuar con independencia, fuera de los vaivenes políticos. A su juicio, las marchas contra la Corte representan un intento de intimidación que puede socavar la última instancia de control constitucional en el país.
Por ello, sostiene que el tribunal debe responder siempre en derecho, sin dejarse amilanar por presiones. Si mantiene esa línea, la Corte podrá sostener su legitimidad y su rol técnico. Pero si cede, advierte, se habrá perdido uno de los pocos órganos que todavía resisten la influencia del poder político.
Escenarios a futuro
Los analistas delinean posibles escenarios frente a este conflicto. Carranco plantea tres caminos: que el Ejecutivo actúe dentro del marco constitucional y refuerce la institucionalidad; que se opte por una consulta popular o incluso una Constituyente con resultados inciertos en un contexto polarizado; o que se configure la ruptura del orden democrático con la erosión de la independencia de la Corte.
Guarango insiste en que la Corte debe responder siempre en derecho, sin ceder a presiones políticas. Si los jueces mantienen su independencia, sostiene, podrán sostener la legitimidad de la institución. Pero si ceden, se perdería uno de los últimos órganos técnicos autónomos que tiene el país.
En este escenario, el desenlace dependerá de la capacidad de cada poder para sostener sus funciones sin quebrar el orden constitucional. Lo que está en juego no es solo una disputa coyuntural, sino la vigencia del Estado de derecho y la fortaleza de la democracia ecuatoriana frente a intentos de concentración de poder.
Fuente: https://www.elcomercio.com/