del tránsito
La decisión de la Corte Constitucional de eliminar la prisión por exceso de la velocidad moderada, genera polémica. Los siniestros crecen en el país.
Aunque recién se conoció el 27 de enero del 2025, la sentencia de la Corte Constitucional, que elimina la prisión por exceder la velocidad, se dictó el 9 de enero de este año. La eliminación de la prisión por exceso de velocidad moderada resuelve un problema, pero a su vez, crea otro. La velocidad es el problema mayor del tránsito en Ecuador, según revelan las estadísticas, pero se requiere medidas para reducir los siniestros y las víctimas de estos.
El fin de la prisión y la idea de la proporcionalidad
La Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional la pena privativa de libertad para quienes excedan los límites de velocidad fuera del rango moderado. La medida, contemplada en el artículo 386.3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se derogó porque la consideraba desproporcionada. Era, por lo tanto, contraria al principio de proporcionalidad establecido en la Constitución.
Según Agustín Grijalva, exjuez de la Corte Constitucional, “la proporcionalidad en Derecho implica una relación de adecuación entre medio y fin”. En ese sentido, en Derecho Penal es claro: “los delitos más graves tienen sanciones más fuertes. Si una infracción menor se sanciona con las máximas penas, se rompe la proporcionalidad, o si un delito grave se sanciona con una pena leve. También es claro el ejemplo en Derecho tributario, quienes tienen más renta deben pagar impuestos más altos que aquellos con menores ingresos”,
La decisión se produjo en el marco del caso 18-11-IN y acumulados, que analizó la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el COIP. La Corte aceptó parcialmente las demandas presentadas por actores del sector de transporte y ciudadanos; destacó que las sanciones penales deben cumplir con los principios de proporcionalidad, necesidad y eficacia.
El sentido de la proporcionalidad para la Corte Constitucional
En su sentencia, la Corte señaló que existen alternativas menos ‘gravosas’ para sancionar el exceso de velocidad, como el pago de multas, reducción de puntos en la licencia y medidas correctivas. Otra posibilidad es el trabajo comunitario para los infractores. Además, enfatizó que la privación de libertad para estas infracciones constituye una medida excesiva y no adecuada para garantizar la seguridad vial.
Andrés Castillo, decano de la Facultad de Ciencias Técnicas de la UIDE, plantea que la privación de libertad por exceso de velocidad puede considerarse desproporcionada en comparación con crímenes como robo o asalto a mano armada. Sin embargo, resalta que tanto un accidente mortal por exceso de velocidad como un asesinato terminan en una pérdida de vida, lo que implica una responsabilidad penal.
“La ley está para precautelar la integridad de las personas. Estoy de acuerdo en que quienes no cumplan con la ley sean retenidos, pero no deberían ser mezclados con criminales que cometen otros tipos de delitos”, comentó Castillo. Más bien, propone que haya un sitio de retención para infractores de tránsito. Recuerda la cárcel de tránsito que había antes en la avenida Colón de Quito, cuando la Policía Nacional tenía también las competencias sobre el tránsito.
Mientras tanto, André Benavides, abogado constitucionalista que puso la demanda, explica que la decisión de la Corte Constitucional es de aplicación inmediata, porque ya entró en vigencia.
La sanción con cárcel se elimina para todas las infracciones por exceder el rango moderado de velocidad en la zona urbana, vías, zonas perimetrales o carreteras. El cambio también aplica para todo tipo de conductor.
La Corte Constitucional puede mandar un mensaje equivocado
Andrea Flores, de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial, considera que la Corte puede estar mandando un mensaje equivocado. “Esto no quiere decir que la velocidad deja de ser el principal factor que agrava todas las consecuencias en los siniestros de tránsito”, afirma.
El exceso de velocidad es la mayor causa de siniestros en todo el país. El año pasado se produjo una reducción leve de mortalidad en las vías por siniestros. Ecuador cerró el 2024 con 2 302 fallecidos y 18 302 lesionados.
Sin embargo, Flores aclara que esta reducción no se debe a acciones ligadas a la seguridad vial, sino a las restricciones de enero y febrero por motivos de seguridad ciudadana. Además, los registros indican que el 25% fallecieron en Quito y Guayaquil.
La amenaza de prisión redujo los siniestros en Quito
En julio del año pasado, la Agencia Metropolitana de Tránsito llevó a cabo varios operativos en Quito que incluía la prisión para quienes superaban los límites de velocidad. En las redes sociales, los pobladores de Quito se quejaban por lo desproporcionado de las medidas. Decían que eran muy drásticas.
Sin embargo, a todas luces brindaron el efecto deseado. Comparado con el 2023, los fallecidos en el mes de julio se redujeron en el 2024 en un 32%: de 28 a 19, según las cifras de Bloomberg.
Las diferencias sociales se notarán
Tanto Castillo cuanto Flores creen que la eliminación de la prisión dará a los conductores un sentido de impunidad. El respeto a las señales y normas de tránsito obedecían el miedo a estar tras las rejas. Se mantienen las multas y la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir.
Sin embargo, ambos creen que no son suficientes y coinciden en que las diferencias socioeconómicas se notarán: los que tienen condiciones económicas para pagar la multa se conformarán con eso.
“Imagínese: yo voy a 100 km por hora y pago la plata que tenga que pagar porque la tengo. Pero en una de esas mato a alguien. Ahí recién voy a entrar en un juicio penal. O sea, ya cuando pasa todo el mal, cuando todo es post mortem“, dice Castillo.
Para Flores, en cambio, “tenemos que en realidad darnos cuenta de lo grave que es conducir con exceso de velocidad. La gente lo sigue normalizando. No creo que sea la resolución la sentencia adoptada por la Corte Constitucional, sino que es parte de una serie de medidas que se están adoptando en detrimento de lo que es mejorar la seguridad vial”.
Fuente: https://www.elcomercio.com/