La administración anterior del Consejo preveía nombrar a un nuevo contralor titular tras la renuncia de Carlos Pólit, pero la normativa no se aprobó.
Es la segunda ocasión que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) acude a la sociedad civil para recibir sus recomendaciones, antes de aprobar el reglamento para la selección del titular de la Contraloría General del Estado, después de que los dos últimos contralores han sido involucrados en investigaciones por hechos de corrupción.
En diciembre del 2017, bajo la administración de Raquel González en el CPCCS, se tenía listo un proyecto de reglamento para realizar el concurso de oposición, méritos e impugnación ciudadana de la autoridad de la Contraloría que recibió aportes de la ciudadanía en un proceso que se demoró cuatro meses.
Ello se dio cuando el excontralor titular, Carlos Pólit Faggioni, renunció a su cargo luego de ser vinculado a las investigaciones de la Fiscalía General por el delito de concusión en el denominado caso Odebrecht y por el que ahora es considerado prófugo de la justicia.
Ese texto de 48 artículos no se llegó a aprobar y los exconsejeros no organizaron el concurso público, pues el expresidente Lenín Moreno, como parte de sus primeras decisiones, impulsó una consulta popular, con la que se constituyó el CPCCS de Transición y cesó a los entonces vocales, que eran afines al gobierno de Rafael Correa.
El pleno de ese entonces intentó nombrar al contralor titular, ya que con la renuncia de Pólit asumió funciones su subrogante, Pablo Celi, quien a su vez fue ratificado en funciones por el Consejo Transitorio.
Ese documento incluía ‘innovaciones’ como que los candidatos a ejercer esa función resolvieran un caso práctico relacionado con las actividades que se realizan en la Contraloría; que para evitar los “conflictos de intereses” debían “detallar las actividades profesionales, laborales, gremiales y/o de beneficencia que el postulante se encuentre realizando hasta dos años antes de la fecha de su postulación”.
Si bien los actuales consejeros no resolvieron sobre esas designaciones, pues fueron electos bajo una nueva modalidad por voto popular en el 2019, deben iniciar la organización del concurso. Y antes de aprobar el reglamento quieren que la ciudadanía haga sus recomendaciones para cobijar a la elección de ‘transparencia’ y ‘legitimidad’.
Esto, porque Celi también está vinculado a una investigación por el delito de presunta delincuencia organizada, en el caso conocido como Las Torres, por el que está preso en la cárcel 4 de Quito, y desde ahí ha nombrado a dos funcionarios para que lo reemplacen en su ausencia: Valentina Zárate (que renunció) y Carlos Riofrío, un funcionario de carrera que está en funciones.
El proyecto borrador actual y que se socializará con la ciudadanía por los próximos ocho días incorpora también la evaluación práctica de un caso de auditoría. Y, entre los requisitos, estipula la presentación de un certificado de test psicológico.
En el caso de que este último artículo lo apruebe el Consejo, este certificado deberá ser expedido por un psicólogo industrial o psiquiatra que esté ejerciendo la profesión en los últimos cinco años.
Asimismo, entre otros requisitos como no tener deudas con el Sistema de Rentas Internas, obligaciones en mora con el IESS, no estar impedido de ejercer cargo público según el Ministerio del Trabajo, se propone que los futuros concursantes certifiquen que no han ejercido una “dignidad de elección popular o haber sido miembro de la directiva de un partido o movimiento político en los cinco años anteriores a la convocatoria al presente concurso”.
Sobre el banco de preguntas para la prueba de oposición, el proyecto propone que los catedráticos de las universidades del país que participen en esta técnica elaboren 2.000 preguntas, además de los 40 casos para la evaluación práctica.
Antes se disponía de la elaboración de 1.500 preguntas y los candidatos a ser contralor no rendían este examen práctico. (I)
2017, todos los derechos reservados.