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Mafias se infiltran en cuerpos de seguridad y contratación de obras

Las mafias se han infiltrado en municipios del Ecuador bajo una supuesta seguridad. Ahora también tratan de incidir en la contratación de obras.Informes de la Policía analizados por EL COMERCIO dan cuenta de que esta penetración viene desde hace más de una década. Y es una situación que es más visible en zonas fronterizas y en las ciudades con instalaciones portuarias.

La cercanía que tienen esas jurisdicciones con Colombia y las rutas marítimas las convierten en zonas de interés para los carteles de la droga. Desde ese país provienen los narcóticos hacia Ecuador y que luego son enviados al exterior a través de los puertos comerciales y pesqueros.

Todo esto, además, las ha convertido en las ciudades más violentas. La situación se debe, sobre todo, por homicidios originados en enfrentamientos entre bandas delincuenciales, según documentos oficiales.

El Frente Parlamentario Anticorrupción emitió un informe el pasado 6 de enero de 2023. En ese documento se revela los vínculos de candidatos a las elecciones seccionales con organizaciones narcodelictivas. El informe hace énfasis en las provincias de Esmeraldas (fronteriza con Colombia) y Manabí.

Según el Frente Legislativo, hay cabecillas delincuenciales que mantienen una relación con otras bandas delictivas. Estos, a su vez, son cercanos a candidatos de tres movimientos y partidos políticos que buscan llegar a las alcaldías de los cantones Esmeraldas, Atacames, Rioverde, San Lorenzo y Muisne.

También se menciona a un candidato a la reelección en Manta, Manabí. Esto por un posible nexo con una empresa vinculada a un narcotraficante asesinado en una cárcel ecuatoriana, en octubre de 2022.

Recursos del narcotráfico

Analistas consideran que si esas estructuras criminales logran penetrar una vez más a las entidades locales, conseguirían consolidar una modalidad de infiltración que va más allá de una supuesta seguridad. Esto es, por ejemplo, inyectar recursos ilícitos en obras públicas con la consecuencia de que se configure el delito de lavado de activos. 

El comandante General de la Policía, Fausto Salinas, habló sobre esta situación con base en informes de Inteligencia. A finales del 2022, el oficial dijo que los grupos criminales buscan acercamientos con los candidatos de ciudades donde se realizan actividades mineras y también narcotráfico.

La idea era financiar sus campañas. Entonces Fausto Salinas no reveló nombres de los aspirantes, pero sí detalló que la intención sería lavar dinero en contratos públicos.

Lo que otros llaman narcopolítica también ha escalado en los discursos del Ejecutivo. El presidente Guillermo Lasso habló de al menos tres escenarios: un padrinazgo de las mafias del narcotráfico; ganancias por el dinero de la corrupción; y el tráfico de drogas.

Seguimiento policial

La Policía ha detectado que las presiones de grupos delictivos organizados hacia autoridades locales vienen desde el 2010. Entonces se supo que eso los hizo ceder espacios en la administración pública.

Eso se evidenció luego de que las mafias iniciaran ataques sistemáticos mediante extorsiones a las autoridades. Los casos más emblemáticos sucedieron en 2011 contra los entonces alcaldes de los cantones Esmeraldas, Rioverde y Eloy Alfaro, en Esmeraldas. En 2011  denunciaron ser víctimas de grupos armados.

Les exigían fuertes sumas de dinero tras ataques con bombas o amenazas de sicarios. Igualmente, hubo un supuesto chantaje para no lograr la destitución de un alcalde, mediante firmas para una revocatoria.

Los informes internos de Inteligencia policial señalan que incluso un grupo delincuencial logró llegar a instancias de un Municipio esmeraldeño. Era la «fuerza de choque» para que respondieran contra las amenazas hacia la autoridad local. Vestían de civiles y siempre rondaban el edificio del Municipio para brindar respaldo, de acuerdo con los seguimientos.

La Policía documentó que otros integrantes fungían como guardaespaldas. Para Demecio Molina, activista de Derechos Humanos, las autoridades se ven forzadas a contratar la seguridad con esos grupos debido a presiones de otros frentes delincuenciales. Buscan contrarrestar las amenazas y dan el mensaje de que si intentan presionar tendrán una respuesta al mismo nivel que ellos.

Pero esto no solo va por lo poco ético que pudiera resultar ese vínculo sino por las consecuencias de tenerlos como cercanos, agrega Demecio Molina. Eso se ha evidenciado en recientes ataques contra funcionarios municipales.

Fuente:http://www.elcomercio.com