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Fiscal provincia de Pichincha asume investigación previa por el delito de delincuencia organizada contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda
Desde la tarde del lunes último, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, tiene a cargo la investigación previa abierta por el delito de delincuencia organizada relacionado a contratos de repavimentación con el Municipio de Quito y en el que son indagados siete personas, entre ellas, Jorge Yunda, alcalde de Quito, cuatro exgerentes de empresas públicas municipales y dos gerentes de las empresas privadas Geinco e Inmosolución.La asignación directa para que Santillán asuma el conocimiento y continúe con las acciones correspondientes dentro de la presente investigación previa se la hizo la fiscal general Diana Salazar.
Ante supuestas irregularidades en contratos realizados para obras de repavimentación en la capital, además de Yunda la Fiscalía investiga a Rommel Rosales y Romel Tapia, exgerente general y financiero de la empresa pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), respectivamente; y Guido Andrade y Carlos Uriarte, exgerentes generales de la empresa pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps).
También están incluidos en la investigación previa Gustavo Espinel, en calidad de gerente de la empresa Geinco Solutions, y Freddy Merizalde, gerente de la compañía La Cuadra Inmobiliaria y Comercializadora S.A. (Inmosolución), la cual está relacionada con la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).
Yunda actualmente mantiene un llamado a juicio por el delito de peculado, el cual habría ocurrido en la Secretaría de Salud de Quito en la adquisición de 100.000 pruebas PCR para detectar Covid-19. En este caso otras trece personas fueron también llamadas a juicio, por pedido del mismo fiscal Santillán. Entre ellas están la actual y el exsecretario de Salud del Municipio, Ximena Abarca y Lenín Mantilla, respectivamente; así como la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, Linda Guamán.
El 15 de junio pasado, el excandidato a la alcaldía de Quito, César Montúfar, y el concejal Fernando Morales, militantes del movimiento Concertación, presentaron una denuncia por delitos como delincuencia organizada y peculado contra del alcalde Yunda, entonces gerentes de las Epmmop y Epmaps y gerentes de las empresas Inmosolución y Geinco.
“A través de proyectos llevados adelante por las empresas de Agua Potable y Obras Públicas y a través de una triangulación, en la que se buscó principalmente evadir un sistema de contratación pública vía concurso y licitación, se transfirió a través de la figura de subcontratos a la empresa Geinco, gran parte de proyectos, aproximadamente de $51 millones para la repavimentación de Quito y en obras de agua potable y alcantarillado”, dijo Montúfar.
La denuncia de Montúfar y el concejal Morales se dio luego de que la Contraloría General del Estado (CGE) determinó que en la Epmaps hay indicios de responsabilidad por la contratación de un servicio de desinfección de instalaciones así como por la adquisición de equipos de protección para sus más de 800 trabajadores. Se indagaba además una transferencia de $1.3 millones al exterior.
Por otra parte también la CGE estableció irregularidades en un contrato de repavimentación de vías en Quito.
Santillán continuando con la investigación de los hechos que podrían configurar el delito de delincuencia organizada ha llamado a rendir versión para el 31 de mayo próximo a Oswaldo Jarrín, en “calidad de ministro de Defensa y presidente de Consejo Directivo del Issfa; al general Luis Lara Jaramillo, en calidad de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y miembro del Consejo Directivo Issfa; y al general Luis Altamirano, en calidad de excomandante General de la Fuerza Terrestre y miembro del Consejo Directivo del Issfa.
Además entre el 1 y el 15 de junio próximos, Santillán convocó a rendir versión a tres oficiales de las Fuerzas Armadas, a once funcionarios de le Epmmop y a una persona particular. (I)
Fuente:http://www.eluniverso.com
