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El informe sobre el manejo de la deuda pública, entre 2012 y 2017, es el primer paso para las responsabilidades y sanciones definitivas

Varios de los veedores del proceso de auditoría de la deuda pública coincidieron en que el informe de Contraloría es un necesario baño de verdad. Pero solo un primer paso para llegar a los principales responsables del sobreendeudamiento.

En este sentido, León Roldós, exvicepresidente de la República, explicó que en el caso de los indicios de responsabilidad penal para el expresidente Correa, la norma constitucional no contempla ni prescripción ni caducidad.

Con esto concordó Alfredo Corral, excontralor del Estado, y además añadió que  “los señalados penalmente no pueden apelar el resultado del informe”. Y que en el caso de los señalados por responsabilidad administrativa tienen 90 días para los descargos.

Beatriz Rodríguez, penalista y abogada en libre ejercicio, considera que según las evidencias encontradas las actuaciones de Correa podrían inscribirse en la figura de peculado, sobre todo en lo referente al decreto 1218 que dispuso cambios en el cálculo de la deuda en relación con el PIB y a los tres acuerdos ministeriales con los que se declaró secreta dicha información.

“Según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la pena para el expresidente podría estar entre 10 y 13 años de prisión. Sin embargo, esto dependerá de la actuación de la Fiscalía”, dijo.

Además afirmó que desde el inicio de la indagación previa, pasando por la instalación del juicio, y  hasta el veredicto final, puede demorar un año, en el mejor de los casos. “Hay que recordar que en el caso de Petrochina, Fiscalía se demoró más de seis meses para el reconocimiento de firmas de los denunciantes”.

Más exámenes especiales
La Contraloría  además de las recomendaciones de cumplimiento obligatorio para el actual Gobierno, que, en el fondo, servirían para desmontar toda la estructura legal y operativa que se usó para manejar la deuda pública, también incluye el requisito de que se hagan 12 exámenes especiales más.

Estos exámenes incluyen revisiones de los procesos de manejo y registro de deudas en el Ministerio de Finanzas, Banco Central,  Petroecuador y el desaparecido Ministerio Coordinador de Política Económica.

Pero también se contemplan revisiones a la emisión, colocación, pago o canje de Certificados de Tesorería; la dación en pago de las acciones de la banca pública al Banco Central; la inversión de oro monetario y bonos globales con Goldman Sachs; la contratación de abogados y agentes para la colocación de bonos soberanos.

“El tiempo para superar la crisis -dice el veedor Roberto Aspiazu-, y tener un adecuado nivel de endeudamiento y de finanzas públicas podría extenderse por años. Por esto,  Finanzas deberá presentar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad de la economía a mediano y largo plazo”.

Otro punto pendiente
La mayoría de veedores coincidió también en que se debe profundizar en las consecuencias del cambio en la forma de usar recursos de la deuda, establecido en el Decreto 489.

El art. 290 de la Constitución ordena que el endeudamiento público financiará solo proyectos de inversión para infraestructura. Pero el 13 de noviembre de 2014, el Gobierno emitió ese decreto para introducir una nueva definición de ‘infraestructura’, que permitió financiar con deuda incluso el talento humano.

Según el Decreto, la infraestructura que se puede financiar con deuda también puede involucrar al talento humano y del conocimiento. Para Contraloría, esta definición es figurada y no corresponde a un concepto técnico. (JS)

Fuente:http://www.lahora.com.ec