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El Gobierno todavía aprende cómo desentrañar la telaraña del sector público
Un proceso de compra de insumos y medicinas para los hospitales del IESS debe pasar por 22 instancias de decisión. Además, puede llevar hasta 50 pasos en un enredado sistema de contratación pública. Esa ‘telaraña burocrática’ se puede multiplicar por cien o hasta por mil en el caso de grandes proyectos de inversión.
Los empresarios en el Gobierno, comandados por el presidente de la República, Guillermo Lasso, aprendieron eso a marchas forzadas. Por eso optan por privilegiar hacer las cosas bien, antes que rápido, aunque les lluevan las críticas de que son incompetentes o no tienen sentido de la urgencia.
Al respecto, Roberto Salas, secretario técnico de Alianzas Público-Privadas (APP), se sinceró frente a inversionistas del sector energético durante Encuentro Anual de Energía y Petróleo (Enap).
“Mucha gente nos dice que debemos hacer las cosas rapidísimo porque hay que aprovechar lo que está pasando con los vecinos. Yo siempre respondo: Momentito, no nos vamos a mover rápido porque necesitamos hacer las cosas bien hechas. Cuando nos enfrentamos a las telarañas propias del sector público, nos damos cuenta que no se puede cambiar todo. Pero sí algunas cosas”, dijo.
El funcionario reconoció que antes de concretar proyectos han tenido que desarrollar capacidades institucionales, regulatorias y de gestión. Todo esto para convencer a los inversionistas de que Ecuador es un destino confiable y para que los bancos de inversión quieran financiar las obras en el país.
En la década correísta, las obras avanzaban con mayor rapidez, pero a costa de elevados niveles de corrupción, contratos a dedo con otras empresas públicas, y altos niveles de ineficiencia. Un ejemplo es la bomba de tiempo de Coca Codo Sinclair.
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), esa situación provocó que se perdiera alrededor del 30% de los dineros invertidos en los proyectos.
Por eso, gran parte de los compromisos del acuerdo de financiamiento con ese multilateral, que fue negociado con el anterior Gobierno de Lenín Moreno y renegociado en la actual administración de Lasso, ha incluido reformas legales contra la corrupción e incluso cambios estructurales (todavía en proceso) en el sistema de contratación pública.
Ramiro Ordóñez, economista y docente, explicó que el costo de hacer todo rápido, pero lleno de irregularidades, es que ahora se debe trabajar más y ser más cuidadoso en cada proceso que se quiere hacer.
Generar confianza
De acuerdo con Salas, desde noviembre de 2021, se construye una estrategia con tres pilares fundamentales: contrapartes creíbles, contratos a prueba de futuro y capacidad de ejecución.
“Al final del día, lo que busca un inversionista es tener claro las reglas del juego, sobre todo cuál es el contrato con el que va a coexistir con el Estado o una empresa pública por 15, 20 o 25 años”, aseveró Salas.
En concreto, antes que incentivos tributarios (que no existen en ningún país vecino), los inversionistas necesitan que todos los procesos sean transparentes, pero sobre todo que se reduzca la discrecionalidad de los funcionarios.
Para eso, el Gobierno trabaja en detectar contratos estándar, dentro de los casos más exitosos de Latinoamérica, para construcción de hospitales, carreteras, entre otros.
Esos contratos no solo deben estar preparados para las contingencias presentes y futuras. Es decir, lo suficientemente flexibles para reducir el riesgo de que se generen conflictos o incumplimientos que solo se puedan salvar en instancias de arbitraje internacional.
Asimismo, en sectores como el de minas y petróleos, se deben establecer claramente los procesos para permisos ambientales y de socialización con las comunidades.
En el caso de electricidad y viabilidad, las APPs necesitan una normativa efectiva para el establecimiento de tarifas y peajes; además de estudios previos de factibilidad de encontrar financiamiento, entre otros.
También se trabaja en la creación de fondos de contingencia desde el Ministerio de Economía.
Resultados cercanos
En diciembre de 2022, de acuerdo con Salas, se tendrán contratos terminados de proyectos de gestión delegada por alrededor de $400 millones.
Por otra parte, ya están en proceso de licitaciones nuevos contratos para firmar en el corto plazo, por alrededor de $3.000 millones.
En estructuración y evaluación, asimismo, se perfilan en primera línea proyectos por casi $10.000 millones a mediano plazo, y otros $10.000 millones hasta el final del Gobierno.
“A partir del segundo trimestre de 2023, luego del aprendizaje que hemos tenido, esperamos tener una licitación por mes que sale al concurso o que llega a la fase de la firma del contrato”, añadió Salas.
El portafolio de inversiones, que ya está por su cuarta versión, tiene un total de 42 proyectos prioritarios; pero el Gobierno está consciente que no todos se podrán ejecutar en este periodo presidencial.
Por ejemplo, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, ha reconocido que temas como la carretera Quito-Guayaquil se dejarán encaminados. (JS)
El dolor de cabeza del riesgo país
Roberto Salas, secretario técnico de Alianzas Público-Privadas (APP), explicó que uno de los principales temas que están trabajando actualmente es revertir la mala imagen relacionada al aumento del riesgo país.
“La próxima semana vamos a estar en Nueva York. El 90% de las reuniones serán para aclarar todos los esfuerzos que está haciendo el Gobierno ecuatoriano en su macro y microeconomía”, dijo.
En otras palabras, el Gobierno de Lasso está empeñado en explicar mejor en qué consiste el riesgo país, que “tiene diversos tipos de concepciones idealistas y que muchas veces no es bien leído por los que definen el riesgo”.
Salas recalcó que su labor es lograr que el riesgo país no se convierta en un riesgo contrato, en un riesgo proyecto. Así, se busca que ese índice solo sea un dato más, pero que no afecte sustancialmente el costo de capital para un proyecto en Ecuador.
Fuente:http://www.lahora.com.ec
