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Defensoría del Pueblo exhorta al gobierno a realizar cambios en el impuesto verde

La Defensoría del Pueblo realizó un pronunciamiento público a pedido del Colectivo Nacional ‘Fuera Impuesto Verde’, debido al incremento del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV), determinado en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado.

En ese pronunciamiento, la institución expresó su preocupación frente a los criterios y parámetros determinados en la referida normativa; pues, si bien busca premiar los procesos que contribuyan al mejoramiento del ambiente y desincentivar las prácticas contaminantes, incumple, al menos, tres objetivos que inspiraron su creación.

En primer lugar está el principio “quien contamina, paga”. Según la Defensoría, la normativa vigente aplica el impuesto al cilindraje y antigüedad de los vehículos, y no al nivel de contaminación que producen.

En segundo lugar, no se cumple que al ser un impuesto ambiental, los recursos recaudados se destinen al sostenimiento de políticas ambientales.

En tercer lugar, según información provista por el Ministerio del Ambiente, el subsector transporte representa el 21% y genera 16.87 millones de toneladas de dióxido de carbono  de las emisiones nacionales, lo que evidencia que la contaminación es generada por todo el sector de transporte. Sin embargo, el impuesto verde establece algunas exenciones, sobre todo al transporte público. “Las políticas de gestión ambiental deberían aplicarse de manera transversal y ser de obligatorio cumplimiento para todo tipo de transporte”, aseveró la Defensoría.

Además, la institución de protección de derechos mostró a su preocupación porque de acuerdo a los reclamos presentados por varios propietarios de vehículos, priorizar el pago de los valores de este impuesto limita el acceso a otro tipo de derechos económicos, sociales y culturales, como trabajo, salud, educación, vivienda entre otros.

Con todos estos antecedentes se exhorta al gobierno, sobre todo al Presidente de la República del Ecuador, como proponente de la Ley, a modificar el impuesto verde, de manera que se garantice la aplicación de los principios de: quien contamina, paga; generalidad (no exenciones con vehículos que generan contaminación); eficiencia; equidad; transparencia; y, que los recursos recaudados se destinen a políticas ambientales.

A la Asamblea Nacional se pide que genere un procedimiento participativo, transparente, técnico e incluyente para lograr que la medida tributaria ambiental contribuya al mejoramiento del ambiente y desincentive las prácticas contaminantes.

Finalmente, a la Contraloría General del Estado se exhorta, en el marco de sus competencias, que inicie las investigaciones respecto del uso y destino de los fondos recaudados por este impuesto hasta la actualidad. (JS)

Fuente:http://www.lahora.com.ec