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Corte Constitucional no admite pedido de consulta minera en Imbabura y Carchi
Por unanimidad, los miembros de la Corte Constitucional (CC) decidieron negar y archivar el pedido de constitucionalidad de consulta popular sobre la actividad minera en cuatro parroquias de Imbabura y Carchi.
«Puesto que en el mencionado caso no se superó el control formal de considerandos y cuestionario, la CC no entró a examinar la procedencia de consultas populares sobre minería convocados por la ciudadanía», dice un comunicado oficial.
La CC examinó el cumplimiento de los artículos 127, 104 y 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y verificó que la propuesta de consulta popular «no reúne los requisitos de claridad y precisión que la Ley exige, tales como aquellas relativas a la existencia de considerandos introductorios, que permitan contextualizar las preguntas, y la no inducción de las respuestas al elector, entre otros requisitos».
El 27 de mayo, el juez constitucional Agustín Grijalva dictó una providencia para iniciar el trámite para una consulta popular presentada por Wilmer Manuel Meneses, procurador de comuneros de la parroquia de Jijón y Caamaño, cantón Mira, provincia del Carchi.
La pregunta decía: “¿Está usted de acuerdo con la explotación minera en los territorios de las comunidades asentadas en las parroquias de Lita, Carolina, Jijón y Caamaño, Goaltal?”.
Reacciones
Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, expresó que la resolución de la CC es un paso positivo.
Sin embargo, recordó que se está archivando el pedido de consulta popular por temas formales, pero sigue pendiente una definición de fondo. “La decisión es un primer paso importantísimo, pero en el futuro cercano, la CC deberá pronunciarse sobre que las consultas populares locales no pueden decidir sobre temas de interés nacional”, puntualizó.
Hizo un llamado a que se realice un amplio diálogo nacional, para que se desmitifiquen los temores alrededor de la minería legal y se haga causa común el combate contra la minería ilegal.
Por su parte, desde el Ministerio de Energía, a través de un corto comunicado, se resaltó que la decisión de la CC aporta a la seguridad jurídica para seguir captando nuevas inversiones. “Ratificamos nuestro compromiso para continuar trabajando por una minería con sostenibilidad social y ambiental, que beneficie a los 17 millones de ecuatorianos”, afirmó la Cartera de Estado.
Finalmente, se recordó que la minería legal ya genera 35.000 empleos directos a escala nacional, con respeto a la Ley y en las condiciones laborales adecuadas. “La minería ilegal precariza”, concluyó. Asimismo, se recalcó que se esperan inversiones por 3.800 millones y exportaciones por, al menos 1.800 millones hasta 2021.
Por su parte, agrupaciones ambientalistas como Acción Ecológica o Yasunidos, no definían hasta el cierre de esta edición, un pronunciamiento oficial sobre la decisión de la Corte Constitucional. (JS)
Fuente:http://www.lahora.com.ec
