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Contraloría halla nuevos indicios penales contra Correa por el tema deuda
La Contraloría hizo público ayer su informe final sobre el examen al proceso de emisión, colocación y pago de Certificados de Tesorería (Cetes). Concluye que, durante el anterior Gobierno, estos instrumentos se utilizaron incumpliendo la Ley, bajo condiciones inapropiadas de reservada y para pagar deudas que el Estado mantenía con otras instituciones públicas y privadas.
El contralor subrogante, Pablo Celi, explicó que la “gravedad” de los resultados encontrados llevan a configurar indicios de responsabilidades civiles y penales contra el expresidente Rafael Correa, sus exministros Patricio Rivera y Fausto Herrera y funcionarios de la Secretaria de Planificación, entre otros.
Los Cetes son papeles que emite el Gobierno para recibir dinero, liquidez para pagar en corto plazo. En la práctica es deuda que el Estado adquiere con el propio Banco Central.
La auditoría comprendió el periodo entre enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. Estableció que las irregularidades encontradas están relacionadas con cinco colocaciones de Cetes: por 2.294 millones de dólares en 2016 y por un poco más de 17 millones en 2017.
“El decreto ejecutivo 1218 sirvió como instrumento legal para operar modificaciones reglamentarias que, contraviniendo lo establecido en el artículo 123 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, viabilizaron un manejo irregular de los Cetes”, declaró Celi.
Cinco problemas
Las conclusiones del organismo de control ubicaron los incumplimientos en cinco puntos. Primero, que los papeles se emitieron y se renovaron por plazos mayores a los 360 días, que es límite establecido en el citado Código.
Segundo, que fueron utilizados como parte de pago para cubrir deudas del Estado con instituciones públicas y privadas, a pesar de que su objetivo único, según la normativa vigente, es cubrir déficits de la caja fiscal.
Tercero, que el decreto 1218 permitió que los certificados fueran canjeados por instrumentos vencidos de deuda interna, como bonos y cupones de capital, con lo que se encubría parte de las obligaciones que el Estado tenía con el Banco Central.
Cuarto, que toda la documentación relacionada con la emisión y la colocación de los Cetes se declaró como reservada, lo que permitió que no hubiera transparencia.
Y, quinto, que las modificaciones legales sin sustento técnico provocaron que estos certificados no significaran ingresos monetarios a la caja fiscal, porque se utilizaron para disimular el nivel de los pagos vencidos por la deuda interna.
Roberto Aspiazu, miembro de la veeduría ciudadana que acompaña todo el proceso de auditoría de la deuda pública, aseveró que las conclusiones de este informe dejan en evidencia, una vez más, el nivel de abuso, irresponsabilidad y discrecionalidad con la que se manejó la deuda en la década correísta.
Correa también reaccionó, a través de su cuenta de Twitter. “Sigue el payaso y la payasada –escribió-. ¿Hasta cuándo aguantará esto el pueblo ecuatoriano? ¿Por qué la prensa no comienza pidiendo el nombramiento legal del ‘Contralor’?. Todo es cuestión de tiempo”. (JS)
Otros exámenes sobre la deuda
° Dos exámenes, sobre la contratación de abogados, bancos especializados y agentes financieros; y sobre las operaciones de financiamiento con Goldman Sachs a través de entrega de oro, están próximos a emitirse.
En fase de ejecución se encuentran las auditorías a las daciones en pago de acciones de la banca pública a favor del Banco Central; preventas petroleras; y el cumplimiento de las 11 recomendaciones que hizo la Contraloría en su primer informe sobre la deuda pública.
Fuente:http://www.lahora.com.ec
