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Asamblea Nacional vuelve a niveles con aceptación a la baja
Asambleístas de cinco movimientos y partidos defienden el rol de esta función del Estado. Algunos piden dejar de lado agendas personales o políticas.La valoración de la Asamblea Nacional entre la opinión pública volvió a registrar cifras bajas. En marzo de 2023, la medición de parámetros de confianza y credibilidad realizada por la empresa Click Report ubicó la aceptación en la gestión de esta función del Estado en el 9,07%.
Un poco más de un año después, según un estudio de investigación, realizado entre el 9 y 12 de mayo de 2024, por la firma Comunicaliza, el 4,6% valora a la Asamblea en el rango de “muy bien”, el 29,8% califica como “bien”, el 27,6% “mal”, y el 17,0% “muy mal”.
Esto se produce en medio de un proceso en el que el movimiento Revolución Ciudadana, como primera minoría en la Asamblea, impulsa un juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por un supuesto incumplimiento de funciones.
La encuestadora Comunicaliza obtuvo estos resultados tras realizar 4.293 entrevistas a mayores de 16 años en las 24 provincias del país.
Proceso de juicio a la Fiscal, Diana Salazar
Inés Alarcón (ADN) dijo que como asambleístas deben trabajar en proyectos de ley, reformas y en fiscalizar, “pero una fiscalización que no se vea como una persecución política”.
Alarcón cree que en este caso claramente se observa como el proceso de interpelación en contra de la Fiscal “baja la credibilidad en la institucionalidad de la Asamblea”.
También sugirió que se debe dejar de exhortar “todos los santos días (al presidente de la República, Daniel Noboa,) en las sesiones del Pleno”, o cambiando el orden del día. Por el contrario, planteó la creación de marcos normativos que beneficien al país, dejando de lado cualquier agenda personal o política y ponerse la camiseta del país. La legisladora recordó que, en los 100 primeros días de gestión, se registró el 65% de apoyo, “pero lastimosamente la Asamblea ha tomado un rumbo diferente; esperemos que volvamos a recobrar la confianza de los ecuatorianos”, dijo.
Los hechos ocurridos en la Comisión de Fiscalización
Vicente Taiano (PSC) defendió la producción legislativa que ha llevado, dijo, a aprobar cerca de 20 leyes con más de 100 votos. No obstante, reconoció que el desgaste puede estar derivado por el control político o por temas como los que se dieron el 13 de mayo de 2024 en la Comisión de Fiscalización. “Hay que cuidar esos detalles para que no se repitan; la Asamblea no se puede convertir en un circo”, afirmó.
Hay pérdida de credibilidad en todas las instituciones
Mientras tanto, a criterio de Mónica Salazar (Revolución Ciudadana), “lamentablemente», la percepción del país es de una pérdida de credibilidad en todas las instituciones del Estado. “No ha mejorado el nivel de educación, de seguridad, ni de salud. Todas las instituciones son culpables”, expresó. Afirmó que en ocasiones, la ciudadanía desconoce que es la Asamblea la encargada de aprobar leyes, “pero nosotros no las ejecutamos, ni elaboramos los reglamentos con los cuales se van a implementar las normativas.
Agregó que, una vez que la Asamblea aprueba las leyes, los textos son “desfigurados” con reglamentos que elabora cada estamento.
Asambleístas se cambian de partidos
¿Cómo vamos a recuperar la confianza del pueblo ecuatoriano si hay asambleístas que primero participan en el proceso electoral auspiciados por un partido o movimiento, y luego llegan al Parlamento y de la noche a la mañana se cambian (de partido)?, cuestionó Mariana Yumbay (Pachakutik). Dijo que la falta de coherencia y la deslealtad está pasando factura a la Asamblea. Esta función del Estado necesita representantes moralmente éticos e íntegros, caso contrario la imagen no podrá recuperarse, ni se podrá terminar con la corrupción.
Pugna de poder Legislativo–Ejecutivo
María Mercedes Erbs (Independiente), cree que entre la opinión pública existe una percepción de aquellos asambleístas que son más mediáticos, pero que no representan el pensamiento o el interés por trabajar que tienen el resto de legisladores. A esto se suma la pugna de poder y la confrontación política entre el Legislativo y el Ejecutivo, la cercanía de las elecciones generales del 9 de febrero de 2025. Considera que se debe seguir dando tratamiento a los proyectos que están pendientes y cada uno cumplir con su plan de trabajo. (SC)
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