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Fiscalía revela el ‘modus operandi’ del tráfico de armas para alias ‘Guacho’

La Fiscalía investiga a siete militares en servicio activo y seis civiles, con antecedentes criminales, por el delito de delincuencia organizada para tráfico de armas, que eran sustraídas de las FF.AA. y entregadas a grupos irregulares, entre ellos el grupo disidente de las FARC liderado por alias ‘Guacho’.

En un operativo realizado la madrugada de ayer en Esmeraldas, Guayaquil, Quito y Santo Domingo, la Fiscalía y Policía detuvieron a 13 personas que formaban parte de una «organización delictiva para el abastecimiento de armas y municiones a grupos disidentes en la frontera norte», explicó la fiscal general subrogante, Ruth Palacios.

Para la distribución existía un ‘brazo logístico de abastecimiento’ en San Lorenzo, liderado por alias ‘Zobeida’, la única mujer que está detenida. Este grupo operaba con miembros militares que estaban encargados de las bodegas de municiones, las cuales eran entregadas para armas largas y cortas, y eran camufladas con alimentos en vehículos livianos de transporte público y privado. Como antecedente, hace un mes, se hizo un decomiso de 5.000 municiones encontradas en un operativo rutinario, explicó el fiscal titular del caso, Álvaro Gaybor.

«Para cometer el ilícito se alteraban los registros de las bases del sistema de inventarios logísticos del Ejército para justificar el faltante de armamentos, municiones y pertrechos de sus rastrillos», indicó Palacios.

Por esto, uno de los detenidos es quien se encargaba de la dirección de tecnologías de la información, de la Comandancia General del Ejército, en Quito.

17 fiscales participaron en el operativo, quienes allanaron 18 lugares, entre ellos 13 domicilios y cinco recintos militares en Loja, Guayas, Esmeraldas y la Comandancia General del Ejército en Quito.

Detalles

La investigación inició el 8 de agosto, por un parte policial, y tiene como antecedente con el atentado a un destacamento de la Policía, en Borbón. La Fiscalía realizó seguimientos y vigilancias, interceptación comunicaciones y análisis de relación de llamadas.

Todavía no se conoce cuántas municiones fueron traficadas y cuál sería el perjuicio para el Estado, explicó Gaybor. Por esto, durante la instrucción fiscal de 90 días se hará la investigación de cuáles pudieron ser los réditos económicos.

En la instrucción también se verificará cuántas municiones fueron sustraídas, si igualmente se sustrajeron armas y de qué recintos militares. La investigación incluirá la revisión de los equipos tecnológicos que fueron sustraídos.

Fuente:http://www.lahora.com.ec