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Fiscal Soria apelará negativa de acción de protección

“Si no pudiera asumir todos los casos, yo renunciaría”. La respuesta del abogado del Consejo de la Judicatura (CJ) sorprendió ayer a quienes acudieron a la audiencia de acción de protección solicitada por la fiscal Mayra Soria. 

La encargada de la Fiscalía de Género de Pichincha N.3 fue sancionada por esa institución con la suspensión sin sueldo durante 30 días, por un incumplimiento en los plazos para la investigación de un caso de abuso sexual.

Tras la sanción presentó el recurso por presuntas vulneraciones al debido proceso, pidiendo que se declare la nulidad de la sanción, pero la acción de protección fue negada por la jueza de Contravenciones Penales y de Tránsito de Tumbaco, Mónica Freire; resolución que será apelada ante la Corte Provincial de Pichincha.

Controversia 
Cuando Soria asumió su cargo, en agosto de 2014, recibió 5.765 causas represadas. En 2017 realizó diligencias para investigar la denuncia de acoso sexual, que había ingresado en 2013. Por falta de elementos que demostraran la existencia del delito se abstuvo de acusar y el proceso fue archivado.

En ese tiempo resolvió los casos de abuso sexual en la escuela Aampetra y el asesinato de Vanessa Landínez. Actualmente, lleva el caso de la joven desaparecida Juliana Campoverde, cuya audiencia preparatoria de juicio se difirió para el 5 de marzo.

En ese contexto, René Arrobo, abogado de la Judicatura, defendiendo la sanción dijo que hubiera renunciado conociendo que frente a la carga de trabajo no podría cumplir con todos los plazos. Él alegó que no hubo vulneración al debido proceso y que la sanción responde a una falta administrativa.
Argumentos 
La defensa de Soria, Diego Núñez, argumentó que la sanción violó el debido proceso porque el pleno de la Judicatura no tomó en cuenta que la fiscal es la titular de la acción penal, por lo que se habría violado la independencia judicial. También indicó que la resolución del CJ fue “completamente desproporcionada”, por haber aplicado el máximo de la pena.

También hubo la presentación de cuatro amicus curiae, en los que se recogió que la sanción atenta contra la independencia judicial, violenta los derechos de las víctimas de los casos que seguía la fiscal Soria y que no está bien motivada.

Mayra Tirira, abogada de Surcuna, además, criticó que el Consejo de la Judicatura en lugar de establecer políticas para que sus funcionarios no tengan una excesiva carga laboral, señale que la salida era la renuncia. (AGO)

Fuente:http://www.lahora.com.ec