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Cada juez constitucional tiene represadas más de 350 causas

Hoy, en el Pleno del Consejo transitorio de Participación Ciudadana se cumplirá la audiencia pública en la que los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC) deberán defenderse. Esto, frente al informe de evaluación de su gestión, que concluye, entre otras cosas, que vulneraron derechos ciudadanos. En el documento, de 249 páginas, se analizan cinco parámetros: legitimidad del cargo, cumplimiento de funciones, debida gestión de recursos públicos, transparencia y denuncias ciudadanas. En todos, la evaluación es negativa y la investigación del Consejo refleja vinculaciones políticas, concursos irregulares, sobre calificaciones, entre otros temas.

Uno de los parámetros que refleja numéricamente lo que ha sido la gestión de la CC como institución, y de los jueces en particular, es el de “cumplimiento de funciones”, al punto de que una de las conclusiones de la evaluación establece una “pobre producción por parte de los jueces de la Corte Constitucional”.

Entre 2012 y el 19 de julio de 2018, han ingresado al organismo 25.840 causas. De ellas, 15.326 pasaron la fase de admisión; se rechazaron 10.514 casos.

Al 23 de julio, en los despachos de los jueces estaban apenas 3.187 causas en trámite; lo que significa que, en promedio, los magistrados tienen más de 350 casos represados. Entre esos se encuentran demandas con más de cinco años de admitidas.

Mientras que a Secretaría General se habían remitido 2.735 proyectos de sentencias, autos y dictámenes para que sean analizados por el Pleno.

“En promedio, los jueces han remitido a Secretaría General el 50% de los casos que les han sido asignados”, según la evaluación.

Las perspectivas 
El constitucionalista Juan Francisco Guerrero considera que el resultado de la Corte no ha sido bueno, ya que en muchos momentos se alineó con las tesis gubernamentales.

Agregó que el organismo está llamado a velar por los derechos de las personas, pero que actuó en sentido contrario y terminó por afectar el contexto jurídico del país. Y que durante el mandato de Rafael Correa, los magistrados acogieron normas que vulneraron derechos, rompían la institucionalidad y ponían en duda el Estado de Derecho.

Quien se siente afectada en sus derechos por la Corte Constitucional es Mery Zamora, exdirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Tuvieron que pasar cuatro años para que el organismo ratifique su estado de inocencia, dentro de los procesos que se abrieron por el 30-S. Así la CC ratificó el fallo dictado por la Corte Nacional de Justicia que había sido apelado por el entonces Fiscal, Galo Chiriboga, a través de una acción extraordinaria de protección.

El recurso fue admitido a trámite en septiembre de 2014 y la sentencia negando esa acción de protección se dictó el primero de agosto de este año, coincidiendo con el proceso de evaluación de la Corte Constitucional. “Fue improcedente, inadmisible. Legal y constitucionalmente, la Corte no debió haber admitido a trámite una acción extraordinaria a favor del Estado, ya que esa es una figura para la protección de los ciudadanos”, dijo Zamora.
Por eso la exdirigente considera que, a pesar de esta última sentencia a su favor, la Corte debe ser cesada. (HCR)

Fuente:http://www.lahora.com.ec