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Vicealcalde y concejales de Quito piden a las autoridades judiciales que actúen con celeridad
Varios allanamientos se dieron la semana pasada como parte de un acto urgente que investiga el sorteo de acciones constitucionales planteadas por Jorge Yunda.
El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, y la mayor parte de concejales que votaron por la remoción de Jorge Yunda como alcalde de Quito acudieron, la mañana de este martes, al Complejo Judicial Norte, ubicado en la capital, para pedir celeridad en la tramitación de la causa e insistir en que se revoquen las medidas cautelares que el 7 de julio pasado dispuso el juez Carlos Soto a favor de una acción constitucional presentada por Yunda.
La medida cautelar a la que dio paso Soto suspende la resolución del Concejo Metropolitano, del pasado 3 de junio, que aprobó la remoción como alcalde de Quito de Jorge Yunda. La medida tendría efecto hasta que se conozca el dictamen de la Corte Provincial sobre una acción de protección que ingresó Yunda en contra del informe de la Comisión de Mesa que analizó los pedidos para removerlo de sus funciones.
“Hemos venido a interponer un documento solicitando se actúe con transparencia y celeridad con la ciudadanía. (…) Lo que estamos haciendo es solicitar a los jueces que actúen con la misma celeridad que actuaron cuando entregaron las medidas cautelares en este pedido al doctor Yunda que no tenían ningún sentido, ningún respaldo, que ni siquiera hubo sorteo y que únicamente se están burlando de los quiteños”, explicó el concejal Fernando Morales.
En el documento entregado en el Complejo Judicial Norte se explica que “una vez ha transcurrido en exceso el plazo dictado por esta judicatura previsto en su providencia del 9 de julio de 2021 para resolver los pedidos propuestos por los comparecientes, solicitamos respetuosa y encarecidamente a su autoridad actuar conforme a los artículos 75 y 169 de la Constitución y tener muy en cuenta el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial”, los cuales hablan del principio de celeridad.
La asistencia de los concejales Morales, Bernardo Abad, Omar Cevallos, Luz Elena Coloma y otros, así como del vicealcalde Guarderas, al Complejo Judicial Norte para respaldar la presentación de la solicitud, hizo que la sesión convocada por el alcalde Yunda no se instale por falta de cuórum. Solo seis concejales y Yunda asistieron a la sesión ordinaria.
“En este momento Jorge Yunda no es alcalde de Quito. Él ya no tiene ningún sustento legal para realizar convocatorias. El Tribunal Contencioso Electoral tomó la decisión y ha sido ratificado lo actuado por el Concejo Metropolitano. Es la máxima instancia en materia electoral y nada tienen que ver estas medidas cautelares raras y chuecas que se han dado y se han obtenido y que obviamente se tiene que pedir prisión preventiva en contra de los jueces que han impulsado estas acciones”, aseguró Morales.
Por otra parte, la mañana de este martes ingresó a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el expediente con el recurso de apelación a la acción de protección concedida por la jueza María Belén Domínguez al removido alcalde de Quito. Con ello deberá existir un sorteo para conformar el Tribunal que deberá resolver el recurso planteado.
La jueza Domínguez el 28 de junio pasado dio a conocer su resolución en la que aceptaba parcialmente la acción constitucional de protección interpuesta por Jorge Yunda contra los concejales del Municipio de Quito Mónica Sandoval, Analía Ledesma y Fernando Morales y el vicealcalde Santiago Guarderas, todos integrantes de la Comisión de Mesa que trabajó los informes para el proceso de remoción del cargo de alcalde de Yunda.
Jorge Yunda alegaba se le habían vulnerado sus derechos en ese procedimiento, pero Domínguez, de forma oral, aceptó de forma parcial la acción de protección con el argumento de que no se cumplió con el debido proceso respecto a la garantía de imparcialidad.
Al momento contra Domínguez pesa una suspensión temporal de su cargo, el inicio de un proceso administrativo al interior del Consejo de la Judicatura y se le allanaron sus oficinas y vivienda como parte de un acto urgente que analiza cómo se dio el sorteo de esta y otra acción constitucional presentada por el removido alcalde Yunda. (I)
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