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Veto del Ejecutivo cambia panorama de telecomunicaciones

Las operadoras telefónicas privadas ya no estarán obligadas a inyectar al menos unos $80 millones al año en infraestructura para reducir los problemas de conectividad y falta de cobertura de servicios de Internet que afectan a 1.499 parroquias rurales. Moreno rechazó la propuesta y desautorizó a funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones que la justificaron ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Se trató de un “error conceptual” en la propuesta inicial que “no encaja con el desarrollo de proyectos ajenos a los prestadores de servicios de telecomunicaciones y /o de servicios de suscripción”, dice Moreno en su veto a la Ley Tributaria con la que espera obtener $620 millones.

El documento fue enviado el sábado al Parlamento y los asambleístas tienen hasta el 30 de diciembre para conocerlo y tomar una decisión.

Moreno propone que el Estado promueva, a través del ente rector de telecomunicaciones, “proyectos para la brecha digital y que impulsen la conectividad especialmente en zonas rurales marginales y fronterizas“.

Para la ejecución de este propósito, inspirado en el modelo chileno de proyectos priorizados por el Estado, no hay planes estructurados. Esto ya sucedió con la iniciativa de ampliar infocentros rurales, recuerdan dos expertos en legislación y proyectos de telecomunicaciones.

El expresidente del desparecido Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Juan Carlos Solines, indicó que “ahora el Gobierno dice deme nomás esa plata, yo sabré a que destino y que en el papel está que será para reducir la brecha digital”.

El exrepresentante de la Asociación de Empresas Operadoras de Telecomunicaciones y directivo del Comité Empresarial, Roberto Aspiazu, sostuvo que de manera mínima y sobre todo discrecional retornan al sector de las telecomunicaciones los recursos que aportan las operadoras al Estado. Agregó que la mayoría de los recursos del Fondo de Telecomunicaciones (Fodetel), que existió hasta 2015, se usaron para el gasto corriente del Estado.

Aspiazu y Solines señalan que es necesario vigilar que el dinero que aporten las operadoras por concepto de “devengamiento” sirvan efectivamente para ampliar la infraestructura que garantice que el usuario aceda a un servicio de Internet estable, con suficiente velocidad y ancho de banda.

Similar planteamiento expuso el catedrático de Sociedad de la Información, José Rivera, al destacar que “se ha avanzado en los último años en penetración de Internet,  pero aclaró que falta mucho en cultura y alfabetización digital”.

Insuficiente
Para el representante del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, el veto del Ejecutivo a la Reforma Tributaria  es insuficiente para aumentar los ingresos del Estado y reducir el déficit fiscal. “Hay ciertos aspectos positivos en materia de préstamos educativos o ampliación de exenciones a productos agrícolas. Pero, en el tema de fondo, en el de mayor impacto para la caja fiscal sigue siendo muy tibio, frente al abultado déficit”, sostuvo.
Lo positivo
Los presidentes de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, y de la Federación Nacional de Cámaras de la Producción, Pablo Zambrano, señalaron que el veto es positivo al flexibilizar el límite de 20% para la deducción de impuestos por el pago de intereses de créditos productivos independientes, provenientes del exterior.

“En el ámbito externo nos permitirá acceder a fondos de organismos internacionales y cumplir con el plan económico que las autoridades se han trazado”, explicó Zambrano. (JCER)

Fuente:http://www.lahora.com.ec