NOTICIA
Salud afina protocolo para evitar corrupción
Las ofertas ilegales llegaron a la Penitenciaría de Guayaquil hace una semana. En los corredores y en las celdas de este centro carcelario, los miembros de bandas delictivas ya hablaban de una posible liberación de presos.
Por eso, empezaron a ofrecer certificados médicos que avalan el padecimiento de enfermedades catastróficas. USD
2 000 sería el valor que tendrían que pagar los reos para acceder a este documento.
Lorena (nombre protegido) es esposa de un detenido que está en esa cárcel. Ella conversó con este Diario y contó que su pareja le pidió que reúna ese dinero para tramitar su liberación. “Me dijo que ellos ya sabían que vienen indultos para las personas enfermas y que el trámite es seguro”, relató.
La joven dice que al principio no lo pensó dos veces. Comenzó a buscar esa suma con familiares y amigos, pues están desesperados por liberarlo. “En esa cárcel solo los presos mandan. Nosotros queremos sacarlo porque nos da miedo que lo asesinen en otra matanza”, dice con la voz nerviosa.
Precisamente, la muerte de 315 presos durante este año en las cárceles del país ha generado que el Gobierno tome decisiones para evitar más actos violentos. Las últimas medidas anunciadas por el presidente Guillermo Lasso se conocieron la noche del pasado lunes. El Jefe de Estado firmó dos decretos para indultar a las personas privadas de libertad. Uno de estos documentos señala que el Primer Mandatario perdonará las penas a las personas con enfermedades catastróficas, terminales o que padezcan tuberculosis multidrogorresistentes y coinfección TB-VIH.
El anuncio presidencial generó reacciones en las autoridades del Ministerio de Salud. Este ente convocó a una mesa técnica con el Sistema de Rehabilitación (SNAI), Fiscalía y otras entidades para que ningún preso salga sin el certificado y evaluación de Salud.
Esto ocurrió porque el Ministerio ya fue alertado de las ofertas ilegales que recorren las cárceles del país.
De allí que desde ayer se montó un plan de ruta para fijar un protocolo que se aplicará para identificar a las personas que se beneficien del indulto presidencial.
Una de las primeras acciones es tener una comunicación directa con el SNAI para establecer cuántas personas padecen dichas enfermedades. La idea es evitar que existan actos de corrupción en la emisión de certificados médicos.
Pero, ¿cuántas personas podrían acceder actualmente al indulto?
El SNAI no ha publicado la lista de los detenidos con este tipo de enfermedades, pero el reciente informe, de la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional, sobre la crisis carcelaria del país recoge parte de estos datos.
Según la investigación legislativa, en la cárcel de Cotopaxi existen 40 personas con dolencias catastróficas, mientras que en Chimborazo hay un registro de 60 presos más.
En el complejo carcelario de El Turi, en Azuay, el informe señala que “no fue posible determinar la situación de estos grupos (de detenidos) dado que el control de los centros a lo interno lo ejercen las personas privadas de libertad”.
Una similar descripción recogieron los legisladores con respecto a las cárceles que están en Guayas. Allí actualmente el control de los pabellones lo tienen las diferentes bandas delictivas.
De hecho, la salud es una de las áreas que las redes criminales aprovechan para extorsionar a los presos. “Una pastilla adentro puede costar hasta USD 5”, dice la madre de un detenido que padece asma. “Adentro todo cuesta el triple. Yo he pagado hasta USD 30 por una caja de analgésicos”, relata otra mujer que tiene a su esposo en la Penitenciaría de Guayaquil.
A ellas también sus familiares les dijeron que están vendiendo los certificados médicos. A través de mensajes de voz, sus parientes les explicaron que USD 1 000 son para emitir el certificado con un “médico verdadero”. “Los otros USD 1 000 dicen que son para la gente que realiza los trámites con los jueces”.
Por esto, las autoridades estatales analizan la posibilidad que las evaluaciones las lleven médicos de provincias diferentes a las que están las cárceles.
Para organismos de Derechos Humanos como el colectivo Alianza Radar Social, la decisión presidencial de indultar a este grupo vulnerable es acertada. Zaida Rovira, representante de este ente, señala que se debe beneficiar del indulto a personas que tengan una historia clínica y una evaluación técnica. “De otra forma, se podría fomentar actos de corrupción”.
Fuente:http://www.elcomercio.com
