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Rafael Correa y exfuncionarios de su Gobierno, a rendir versión por muerte de Froilán Jiménez
La muerte del policía Froilán Jiménez motivó un nuevo impulso fiscal emitido ayer en el que se solicitan las versiones de 29 personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa, exfuncionarios de su Gobierno y militares y policías en servicio pasivo.
Ellos deberán acercarse a la Fiscalía de Personas y Garantías número 7, en Quito, entre el 4 y el 10 de septiembre. El pedido fue formulado por la fiscal Claudia Romero, luego de que el 16 de julio último un Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha declarara la nulidad del proceso en el caso del policía fallecido durante los hechos que acontecieron el 30 de septiembre del 2010 (30S).
Eso motivó a que la causa regrese a su etapa de indagación previa y en consecuencia al fin del proceso para los militares Wilson Reina y Vicente Nájera, quienes estaban acusados por el fallecimiento.
Nuevas diligencias
El expresidente Correa, su exministro de Defensa, Ricardo Patiño; el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado (los tres prófugos de la justicia) fueron convocados otra vez.
A la lista se suman el exministro de Gobierno, Gustavo Jalkh y la exministra de Defensa, Rosana Alvarado. También fueron citados César Carrión (fungía como director del Hospital de la Policía) y hoy asambleísta por Cotopaxi; el exjefe de la Escolta Legislativa, Rolando Tapia; y el exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Ernesto González.
La fiscal Romero ofició además al nuevo gerente del Hospital de la Policía, para que en 72 horas remita copias certificadas del informe del 30S.
Desclasificación
Edwin Romero, abogado de la familia de Jiménez, confía que desde el Ejecutivo se disponga la desclasificación de la información de esta causa. Además, cree que este nuevo llamamiento ayudará a esclarecer las circunstancias en que se produjo el cruce de disparos que terminó con la vida del uniformado
Según dijo, son nueve años en que los deudos vienen pidiendo que se llame a rendir versiones a quienes ostentaron los altos cargos públicos durante el 30S.
“El impulso emitido por la Fiscalía, para la defensa técnica, es un aliento porque en las versiones que rendirá Rafael Correa y sus ministros tendrán que responder las razones jurídicas de por qué no desclasificaron la información”, dijo. Agregó que se tendrá que aclarar quiénes dieron la orden de disparar dentro de una casa de salud.
Romero no descartó que a partir de esta diligencia se dé una nueva vinculación de Correa y otros exfuncionarios. (FLC)
Fuente:http://www.lahora.com.ec
