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Por segunda ocasión la exasambleísta Nívea Vélez enfrenta una audiencia preparatoria de juicio dentro de un caso por diezmos
La exasambleísta Nívea Vélez y Adriana C. son procesadas por el delito de concusión, que habría sucedido cuando Vélez ocupó el cargo de legisladora por Loja.
Casi siete meses después de que el entonces juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Wilman Terán declaró la nulidad parcial de la instrucción fiscal contra la exlegisladora Nívea Vélez, del Movimiento Municipalista, y Adriana C. por el delito de concusión, ambas procesadas este lunes enfrentarán, por segunda ocasión, una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Desde el 8 de octubre de 2019, la exlegisladora por la provincia de Loja mantiene la medida cautelar de presentación periódica una vez por semana en la Corte Provincial de Loja y la prohibición de salida del país.
Tanto Vélez como Adriana C. son acusadas por Fiscalía de supuestamente haber participado en el acto ilícito de solicitar por más de un año parte del sueldo de un exasesor de la entonces legisladora. Los hechos que se investigan en esta causa habrían ocurrido entre 2009 y 2013, periodo en el que Vélez fue asambleísta.
El 26 de enero último, el juez Terán, quien dejó la sala penal en marzo pasado de la Corte Nacional por el recambio de jueces que hubo luego del concurso público que realizó el Consejo de la Judicatura, declaró la nulidad parcial de lo actuado por la Fiscalía, luego de que Gina de la Torre, abogada de Vélez, alegó como vicio de nulidad el no tener el expediente completo y que necesitaba dos versiones, las cuales no contaban con firmas de responsabilidad de la Fiscalía ni existía un registro digital de estas.
Esa limitante dada a la defensa de una de las procesadas hizo que el juez adopte la decisión de declarar la nulidad parcial y hacer que vuelva el caso a etapa de instrucción fiscal.
El nuevo juez de la causa es Walter Macías y ante él se evacuarán los elementos con que cuenta la Fiscalía para acusar formalmente y pedir que se llame a juicio a las dos investigadas.
Adriana C. es procesada en calidad de coautora y contra ella se ordenó, por encontrarse en la ciudad de Quito, que se presente ante la CNJ una vez por semana y también tenga prohibición de salir del país. En su momento, de ella el fiscal general subrogante Wilson Toainga mencionó que sirvió de medio para recabar los réditos económicos.
En cambio contra Vélez, en la audiencia de formulación de cargos, Toaianga presentó más de 30 elementos de convicción que le sirvieron no para sustentar su acusación. Compulsas, versiones, certificados, contratos, movimientos bancarios, oficios, entre otros, fueron los elementos expuestos.
Como medidas de carácter real para ambas se ordenó la retención de las cuentas de las procesadas hasta un valor de $ 33.000 y la prohibición de enajenar los bienes que tengan en Quito y Loja por un valor de hasta $ 132.000, equivalentes al cuádruple del delito cometido. La audiencia preparatoria de juicio se instalará este lunes a las 09:00 en la CNJ.
Organizaciones sociales e integrantes de movimientos de mujeres emitieron un comunicado de respaldo a Vélez por lo que califican un proceso de persecución política en el que la exlegisladora es objeto de violencia.
Aseguran que este proceso judicial es injusto y viciado, pues indican que en los elementos que son parte del proceso no existiría evidencia alguna del delito de concusión del que se le acusa a Vélez. Hablan de que una pericia contable, pedida por la exasambleísta, revela que no existen ni depósitos ni transferencias a sus cuentas ni de sus familiares por concepto de diezmos.
“La subdecana de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Dra. Ruth Elizabeth García, emitió un “informe de la experticia del contexto de violencia política”, en el que determinó la violencia política sistemática que se ha ejercido en contra de Nívea Vélez por parte de políticos opositores de la provincia de Loja”, señala el boletín. (I)
Fuente:http://www.eluniverso.com
