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Perseguidos políticos en Ecuador piden ‘descorreizar’ la Justicia

“En época del correísmo, esto hubiera sido una actividad subversiva para atentar contra el Estado”. Lo decía ayer, Pablo Castro, un joven que ahora estudia leyes, pero que en 2012 fue detenido y acusado de terrorismo. Él es uno de los ‘10 de Luluncoto’, uno de los cientos de perseguidos políticos durante el gobierno de Rafael Correa. 

En el último piso del Complejo Judicial Norte, en Quito, estaban reunidos los ‘10 de Luluncoto’, los ‘3 de Cotopaxi’, ‘los 29 de Saraguro’. En sillas y de pie también, estaban los policías y otros detenidos y acusados de provocar un supuesto golpe de Estado durante el 30S. También se encontraban periodistas judicializados, dirigentes sociales encarcelados y abogados que defendieron las causas de los perseguidos políticos.  Más de 200 personas se reunieron, pero no en una actividad subversiva, sino para el lanzamiento de una mesa del Consejo de la Judicatura que investigará si se usó el sistema judicial para perseguir a opositores políticos del Régimen anterior.
Investigación 
“La independencia de las funciones y el respeto de los Derechos Humanos fueron violados durante la década pasada y, lo más grave, es que el órgano llamado a proteger, el sistema judicial, ha sido utilizado para perseguir, encarcelar y amenazar”.

La vocal temporal de la Judicatura, Angélica Porras, cuestionó las acciones de jueces, fiscales y exfuncionarios públicos y anunció que la Mesa por la Verdad y Justicia recogerá la información de los casos, analizará los datos y elaborará un informe con conclusiones y recomendaciones que estará listo para diciembre de este año y que será entregado a las autoridades competentes.

El objetivo es “evidenciar las prácticas de injerencia en la Justicia, contribuir a desmontar los mecanismos de persecución política y formular recomendaciones que permitan emprender acciones de reparación”, añadió.

Dentro de la mesa se crearán comisiones, en las que participarán organizaciones de Derechos Humanos, para determinar si hubo irregularidades y, en caso de detectarlas, sancionar a los responsables.
Casos 
“En el oscuro túnel correísta comienza a brillar nuestra verdad”. Mery Zamora, exasambleísta y expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) fue condenada por terrorismo y sabotaje a ocho años de cárcel por los hechos del 30S. No fue la única, como expuso Óscar Ayerve, abogado de los afectados.

“Tuve que enfrentar una persecución cruel, desmedida, despiadada en la que se usó toda la estructura del sistema judicial para perseguir”, decía ayer por la mañana.

Así uno a uno los testimonios recordaban cómo se condenó con tipos penales que no se justificaban, cómo se forjó información, cómo fue la injerencia del Ejecutivo. “El daño que se causó no solo fue judicial, sino que también se montaron retaliaciones públicas, se desacreditó nuestro trabajo”, dijo el periodista Juan Carlos Calderón, quien fue condenado por injurias.

Por eso, el pedido de los perseguidos era que se ‘descorreice’ el sistema judicial, que se determine a los responsables con nombre y apellido, que se los sanciones y que se repare a los afectados. “Este es el día de la derrota de Rafael Correa. Hoy vamos a construir esa senda de libertad. Aspiramos que se impulsen los principios de memoria, verdad, justicia y reparación”, añadió Paúl Jácome, de los ‘3 de Cotopaxi’.

Y el presidente de la Judicatura, Marcelo Merlo, concluyó comprometiéndose a “ir a gran velocidad”. “Esto no puedo pasar de mediados de diciembre porque la memoria del ecuatoriano es frágil”, dijo. (AGO)

Fuente:http://www.lahora.com.ec