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Otro golpe a la minería formal a través de sentencia judicial que ordena la paralización del proyecto minero Loma Larga
El proyecto, ubicado en el Azuay, ha estado a la espera del permiso para iniciar la construcción de mina, con una inversión de $500 millones. La justicia deja sin piso esto y se suma a los golpes recientes a la industria extractiva formal a través de los resultados de las consultas populares y decisiones de la Corte Constitucional.A través de su cuenta de Twitter, el ex candidato presidencial, Yaku Pérez, dijo lo siguiente: «Al final del túnel brilla la justicia. La Sala Especializada de lo Civil del Azuay dicta sentencia que declara la vulneración de los derechos a consulta previa y consulta ambiental, en consecuencia dispone suspender toda actividad minera en Kimsakocha, ninguna lucha es estéril. Gracias defensores del agua de Tarqui, Victoria, Girón, Santa Isabel, San Fernando, Cuenca y todo el Azuay. Un histórico precedente judicial en materia de los derechos del Agua y la madre naturaleza».
En concreto, la sentencia judicial, que es de segunda instancia, paraliza todas las actividades del proyecto minero Loma Larga. Este proyecto ya cuenta con estudios de impacto ambiental y estaba en espera de que se entregue el permiso para iniciar la construcción de la mina.
Sin embargo, la reciente decisión judicial constituye otro traspié a las industrias extractivas del país en los últimos días, luego de los resultados de las consultas populares sobre el ITT y el Chocó Andino.
Además, también está la decisión de la Corte Constitucional de echar a bajo el decreto ejecutivo que normaba la consulta ambiental, con la consiguiente paralización de más de 170 proyectos productivos, incluidos dos de minería.
Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, aseguró, a través de su cuenta de Twitter, que el país va como el cangrejo.
«Acaban de suspender millonario proyecto minero Loma Larga que pudo generar más empleo y bienestar. Sigan esforzándose por reducir la producción y bienestar. Lo están logrando», puntualizó.
Según Acosta Burneo, la paralización de Loma Larga representa perder una inversión de alrededor de $500 millones
«Otro triunfo para la minería ilegal. Sin quererlo, los activistas anti mineros están entregando el país a la minería ilegal», agregó.
En entrevista con LA HORA, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería, explicó que la actividad minera formal está bajo constante ataque.
Asimismo, recalcó que la incapacidad de los políticos para concretar una ley de consulta previa libre e informada no es responsabilidad de las empresas mineras formales, las cuales cumplen con todas las disposiciones y aceptan todos los controles.
Sectores como los que apoyaron la consulta popular contra la minería en el Chocó Andino en Quito han llegado a decir que todo tipo de minería es ilegal en Ecuador y debe ser frenada.
«El Estado ecuatoriano no ha sido capaz de generar la normativa correspondiente para que se implemente esa consulta. Eso no le compete a la empresa minera. Eso le compete al Estado ecuatoriano. Hay que ser responsable con lo que se dice porque lo que se dice podría traer a futuro consecuencias que no queremos tener ni en lo económico, ni tampoco en lo social», apuntó la presidenta de la Cámara de Minería.
Actualmente, con solo dos proyectos grandes en producción (Mirador y Fruta del Norte), la minería ya genera más de $2.700 millones de exportaciones al año; pero el futuro de la actividad es incierto. (JS)
Gremios productivos alertan sobre la pérdida de $2.000 millones en inversiones
A través de un comunicado, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) aseguró que la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin efecto el decreto ejecutivo 754, que normaba el proceso de consulta ambiental, representa un golpe directo a la producción y el empleo en el país.
“Hay 176 procesos de licenciamiento ya paralizados, y a corto plazo, el efecto del estancamiento económico superará los $2.000 millones”, dice el CEE.
Los empresarios piden que la Corte levante la suspensión y tome acciones en la línea de que el proceso de licencias ambientales quede “plenamente definido” para que la inversión en Ecuador pueda avanzar.
Dentro de los proyectos paralizados están incluidos los proyectos mineros La Plata y Curipamba; pero también otros en áreas como la industria, el turismo.
El exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, ha dicho que la suma de varias acciones y decisiones hacen cada vez más el Ecuador sea un país triple I para los inversionistas: Incertidumbre, Inestabilidad e Inseguridad jurídica.
Fuente:http://www.lahora.com.ec
