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Organizaciones de mujeres y feministas convocan a movilización nacional por ley de aborto por violación
La plataforma Organizadas por una Ley Justa y Reparadora (OLA), integrada por 43 organizaciones de mujeres y feministas del Ecuador, convocó a una movilización para el próximo 25 de enero que se concentrará en la Asamblea Nacional a partir de las 08:30, para exigir a los legisladores la aprobación de una la ley de aborto justa y reparadora.
ncluso desde Guayaquil esperan viajar hacia Quito a la marcha feminista, por lo que abrieron un registro de participantes para financiar el traslado.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, convocó para el 25 de enero a sesión del pleno a partir de las 09:30 para tramitar en segundo y definitivo debate el proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, cuyo informe fue elaborado por la Comisión de Justicia y generó polémica al establecerse plazos máximos en que se permitirá la interrupción. Los bloques esperan reunirse para debatir internamente para asumir una posición.
Las voceras de la plataforma Johanna Romero, Susana Guijarro y Sybel Martínez señalaron que fijar plazos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo excluye a las víctimas más vulnerables.
Johanna Romero advirtió que al fijar plazos de 20 o 22 semanas para interrumpir el embarazo por violación, la Asamblea está generando un limbo legal para que aquellas víctimas de violencia sexual que superen la temporalidad, pues si bien estas mujeres no podrán ser penalizadas por efectos de la sentencia de la Corte Constitucional, tampoco podrán acceder al servicio de salud digno; por lo tanto, estas mujeres serán condenadas a la clandestinidad y a la muerte.
Dijo que la discusión debe concentrarse en aborto seguro o la clandestinidad, pues al Estado le corresponde evitar las muertes de mujeres en la clandestinidad. La maternidad no puede ser impuesta porque es una forma de tortura hacia las víctimas de violación.
Por lo tanto, insistió en que cuando la ley fija plazos o semanas para restringir el acceso al aborto lo que se está haciendo es legalizando la tortura para aquellas mujeres que superan los límites impuestos en la norma.
Sybel Martínez reconoció que en términos generales el proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación está bien trazado, que corresponde a la realidad a lo largo del espectro social de las mujeres víctimas de violencia sexual, pues asegura su atención integral y la calidad de dicha atención, trata la reparación integral.
No obstante, persisten los tres nudos críticos que han causado polémica y se refieren a la objeción de conciencia, asuntos que fueron superados en el interior de la comisión, pero que en el tema de plazos la mesa legislativa no pudo aguantar la presión social y política, y lastimosamente ha tenido que reconsiderar sus acertadas decisiones, anotó.
Martínez consideró que fueron acertadas las decisiones de la mesa legislativa cuando aprobó que la interrupción del embarazo por violación puede darse hasta las 28 semanas como plazo máximo, cuando en realidad no hay que hablar de plazos.
La activista lamentó lo que ella calificó como extremismo la posición asumida por los asambleístas Sofía Espín (UNES), Dalton Bacigalupo (ID) y Ricardo Vanegas (PK), y dijo que ese extremismo resuena lastimosamente con una barra brava de una opinión pública que tiene como interlocutores estridentes y confusos al exmandatario Rafael Correa; a la primera dama, María de Lourdes Alcívar, y al propio presidente de la República, Guillermo Lasso.
Indicó que no hace falta ser experto analista político para darse cuenta de que cuando se trata de regular los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres el maridaje entre izquierdas y derechas en el país parece no incomodar a nadie.
Dijo que preocupa que la lucha del movimiento de mujeres y feministas del Ecuador, sobre la despenalización del aborto por violación, parece que se está diluyendo en la Asamblea Nacional, y que las semanas de gestación ha sido la excusa perfecta para que convicciones religiosas disfrazadas de preocupación hayan hecho que un proyecto de ley sea regresivo.
El proyecto de ley nunca debió contemplar una temporalidad, el acceso al aborto por la causal violación ya es una excepcionalidad, afirmó Martínez, por lo tanto, colocar plazos constituye una excepcionalidad de la excepcionalidad; una barrera para las sobrevivientes de la violencia sexual y en especial de la niñas que siempre llegarán tarde a los servicios de salud.
Para las 15:00 de este 19 de enero, grupos provida y algunos legisladores esperan dar a conocer sus acciones y posiciones frente al proyecto en discusión. (I)
Fuente:http://www.eluniverso.com
