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Medidas cautelares para dos oficiales por la muerte de Froilán Jiménez
El juez Roberto Cueva dictó medidas cautelares en contra del teniente coronel Wilson P. R. y del mayor Vicente N. A. mientras dura una instrucción fiscal de 90 días dentro de la investigación de la muerte del policía Froilán Jiménez durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010.
Los oficiales de las Fuerzas Armadas deberán presentarse los lunes y viernes en horas laborables ante el fiscal que lleva el caso, Fabián Salazar. Igualmente tienen la prohibición de salida del país.
Así concluyó la audiencia de formulación de cargos que solicitó el fiscal en contra de cuatro personas por el presunto delito de ejecución extrajudicial establecido en el artículo 85 del Código Penal.
A las 06:30 de hoy, miércoles 5 de septiembre de 2018, se instaló la audiencia en contra de Vicente Alejandro N. A., Gilmar Vladimir A. M., Luis Patricio D. A. y Wilson German R. P. quienes fueron detenidos ayer después de rendir su versión en la Fiscalía de Pichincha.
Sin embargo, una hora después de instalada fue suspendida por el juez porque los militares llegaron patrocinados por abogados de las FF.AA., lo cual por el tipo de delito no debía producirse, indicó el abogado Edwin Romo, defensa de Sandra Jiménez, hermana del policía fallecido.
Ayer, Jiménez ya cuestionó la presencia de los abogados militares. «Más de 10 funcionarios militares de grado de abogados están patrocinando a los cuatro sospechosos. Me parece inaudito, inadmisible», dijo ayer en los exteriores de la Fiscalía de Pichincha donde rindieron versión.
La audiencia se reinstaló a las 08:30 cuando el fiscal se abstuvo de formular cargos en contra de Gilmar A. M. y Patricio D.A y presentó 36 elementos de convicción en contra de los otros dos oficiales.
Entre los elementos se encuentran pericias del reconocimiento del lugar de los hechos y de la trayectoria de la bala que mató a Jiménez, versiones anticipadas y videos. Entre estos, se identificó a las dos personas, señaló el fiscal, quien dijo que el proceso se demoró tanto porque existía reserva en el informe.
Después de la audiencia, Jiménez señaló que «han pasado por situaciones bastante difíciles de indignación y de impotencia», por lo que cree que este es un «paso importante».
Mientras que Rafael Pérez, abogado de los militares, señaló que sus defendidos también estaban cumpliendo su deber el 30S, por lo que desvirtuarán los hechos. Además dijo que ya no está en reserva el informe y que sí se hizo la denuncia de la pérdida del fusil de uno de sus defendidos.
Fuente:http://www.lahora.com.ec
