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Los aliados de la Revolución Ciudadana y el PSC, sin coincidencias en la agenda de fiscalización
La Asamblea todavía no elige a sus nuevas autoridades, pero los aliados -por separado- empezaron a delinear los ejes de lo que debería incluirse en la agenda legislativa y de fiscalización.
Aunque el pacto entre el movimiento correista de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y la Alianza Acción Democrática Nacional (ADN), que busca colocar a Henry kronfle en la Presidencia de la Asamblea Nacional, todavía no se concreta, estos sectores empezaron a delinear los ejes de lo que debería incluirse en la agenda legislativa.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) en su artículo 12 ordena al titular del Parlamento elaborar la agenda anual con la participación de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidentes de las comisiones especializadas y representantes de las diversas bancadas.
Esta programación, según la norma, debe ser presentada en un plazo máximo de sesenta días desde la posesión de las autoridades legislativas, y será evaluada cada seis meses.
Sin embargo, de acuerdo con una primera aproximación hecha por representantes de la bancada correísta y socialcristiana, y que la dieron a conocer por separado este 14 de noviembre de 2023, el ritmo de la agenda estaría marcada por el trámite de proyectos y propuestas de ley y acciones de fiscalización.
Ambos sectores coinciden en que el nuevo periodo legislativo deberá responder a las “urgentes” demandas de cambio y renovación del accionar público para superar la crisis que enfrenta el país.
La agenda del PSC se concentra en temas de materia de seguridad, equidad salarial, derechos laborales, defensa de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), repotenciar el agro, entre otros.
Sin embargo, la piedra de tope entre estos aliados, son los procesos de interpelación. Dallyana Passailaigue (PSC) ratificó que la unión con el correísmo y ADN no incluye ningún acuerdo en temas de justicia. “Nosotros no hemos apoyado, ni apoyaremos un eventual juicio a la fiscal general del Estado, Diana Salazar”, aseguró.
Tampoco es parte de la agenda de los socialcristianos continuar con la interpelación al jefe de Estado, Guillermo Lasso. “Lasso ya está ido por decisión propia, porque activó la muerte cruzada”, expresó la parlamentaria.
La respuesta a estas afirmaciones llegó de Patricia Núñez, de la bancada correísta.
Luego de señalar que una eventual investigación a la fiscal es “un tema importante” que deberá ser analizado de «manera detenida”, comentó que muchas veces la bancada socialcristiana “nos ha dado sorpresas”.
Insistió que las interpelaciones que quedaron en “pausa” deberán ser retomadas, según la prioridad.
Pierina Correa (RC), dijo que, aunque una eventual interpelación a la fiscal no formaría parte de la alianza, declaró no saber “porqué le temen a un juicio político; si es que no se ha hecho nada, quien no la hace no la teme”, expresó.
Correa consideró, sin embargo, que se atenta contra una de las funciones que tiene el Poder Legislativo, que es la fiscalización.
Recordó también que el proceso en contra de Lasso también quedó en suspenso con la muerte cruzada, y tiene que ser evacuado “antes de considerar nuevos porque estos se van atendiendo en orden de presentación”.
Dallyana Passailaigue agregó que, “cada bancada es libre, y es su obligación de legislar y fiscalizar”.
En todo caso, mostró su confianza (a raíz de los desacuerdos en materia de fiscalización) que Henry Kronfle, con el apoyo amplio de diversas bancadas se logre tener una Asamblea altamente ejecutiva y tenga una agenda macro de consensos.
Aspira que no se repita lo ocurrido en mayo de 2021 cuando el movimiento Creando Oportunidades (CREO) se alejó de la alianza con el movimiento correísta y el PSC, lo cual desactivó la posibilidad de que en esa ocasión, Kronfle asumiera la presidencia de la Asamblea. (SC)
Ministro de Energía
No obstante, Dallyana Passailaigue consideró que, hay juicios políticos que se deberán iniciar a ministros del gobierno de Guillermo Lasso que hayan incumplido con su obligación. Passailaigue mencionó el caso de Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas que, según dijo, ha “causado un retroceso económico, ha roto con la normalidad y funcionamiento del país y de los emprendimientos”. La legisladora se refirió así por los cortes de energía eléctrica que atraviesa el país desde hace casi un mes.
Fuente:http://www.lahora.com.ec
